¿Inmovilismo de las realidades?

Los acontecimientos de los últimos días y, particularmente, el estallido del vandalismo en Changuinola, deben obligarnos a buscar soluciones efectivas sin dejar de constatar la inexistencia, por décadas, de mecanismos reales y democráticos de participación ciudadana.

Reproduzco, con el permiso de los lectores, el artículo que bajo el título “Inventario de realidades” fue publicado el 28 de diciembre del 2001 en el diario Panamá América: “Debatir o dialogar sobre la situación nacional, intentando realizar un inventario de realidades, continúa siendo en Panamá un ejercicio poco común. Esto, aun cuando debiera ser tarea cotidiana de los ciudadanos que se preocupan por la política en una sociedad cuyo proceso de democratización parece más un espejismo que un oasis en medio de un desierto de debates y confrontación de ideas, en abierta competencia con una marea de intereses particulares en los que Panamá no aparece por ningún lado.

De todos nosotros es sabido que, al hablar de democracia y democratización, nos referimos no a un ideal estático, sino a un proceso dinámico que, día a día, debe ser vivido, compartido y desarrollado. Los acontecimientos por los que ha atravesado la sociedad panameña a lo largo de las tres últimas décadas nos colocan hoy en la antesala de la toma de decisiones trascendentales, las cuales podríamos resumir como el problema central: ¿Paz o violencia? ¿Participación o imposición?

Más de una década después de la invasión, no existen aún las condiciones necesarias para un proceso de democratización dentro de una sociedad que vivió veintiún años de espaldas a las libertades democráticas y donde la represión y la corrupción se alimentaron del silencio de quienes optaron por callar. Tomemos un marco de referencia para este inventario de realidades.

Remover los residuos del autoritarismo en todos los planes y niveles: es un requerimiento que se manifiesta en las múltiples vías a las que recurren las sociedades en transición hacia la democracia. Esto, para establecer un conjunto de instituciones y prácticas que les permitan avanzar de forma más homogénea hacia los objetivos de las formas democráticas de gobierno que hayan decidido adoptar. En este punto, el balance para Panamá continúa siendo negativo. Demasiado poco se ha hecho, desde la invasión hasta la fecha, para remover los pilones del autoritarismo implantado por la dictadura en todos los niveles. Seguimos con la mismísima Constitución que la dictadura militar ideó y confeccionó para sus necesidades autocráticas, autoritarias y totalitarias. Esta actúa, a la vez, como camisa de fuerza y base para que los restos del autoritarismo se impongan al constitucionalismo. De igual forma, siguen vigentes las principales normas legales, estatutarias y reglamentarias que el oprobioso régimen de la “caquicracia” fue imponiendo a partir del 11 de octubre de 1968.

Plena vigencia de los derechos políticos: aun cuando pareciera redundante en una sociedad internacional que ha expresado sus aspiraciones en pro de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, este requisito es condición ‘sine qua’ non para poder hablar de transición. Los derechos políticos, todos sin excepción, deben regir para todas las opiniones. Hasta la fecha no se han abierto los canales de una participación real en los asuntos del gobierno a todos los sectores de la nación. Al valerse de las estructuras y el contenido del Código Electoral, diseñado por la autocracia, se impide la participación ciudadana y se garantiza al sistema partidocrático el encaminarse hacia un nuevo autoritarismo. Los resultados se expresan —cada vez más— en el contexto actual.

Amplia participación de la ciudadanía en los procesos de formar gobierno: los cambios de regímenes provocan, espontáneamente en algunos casos, una manifiesta voluntad de participación de grupos ciudadanos que hasta entonces habían optado por mantenerse al margen de la formación de gobierno. De ahí que las exclusividades de corte partidista resultan hoy cada vez más negativas y son más y más rechazadas por una inmensa mayoría de la opinión pública. Los clamores de “justicia, democracia y libertad” no han sido ni oídos, ni entendidos, ni practicados por los gobiernos arnulfistas y perredistas de la última década.

Capacidad de respuesta a las situaciones que socialmente requieren una acción gubernamental: es quizás una de las condiciones mínimas más difíciles y delicadas de mantener, puesto que la impaciencia que se apodera de la población no expresa satisfacción ante una creciente incapacidad de respuesta gubernamental a problemas cotidianos que se presentan a nivel de comunidades o sectores de la vida institucional de nuestro país.

Efectividad, o sea, poner en práctica lo que sea decidido y adoptado por las mayorías: los procesos de transición democrática, desde el momento en que son el resultado de la voluntad de unas mayorías ávidas de transformaciones o cambios, van a aspirar a una efectividad inmediata por parte de quienes integren los equipos gobernantes. ¿Cómo puede el gobierno exigirle al pueblo que acepte calladamente el inexcusable retraso de lo previsto y prometido?

Coherencia y eficiencia: son parte integrante de las demandas que se expresan por los distintos medios con los que cuenta la sociedad en transición. Cada vez más sectores de la población panameña alcanzan el convencimiento de que hay una ausencia de estas cualidades, y cada vez más el resto de la sociedad comienza a vivir la zozobra que le es transmitida por la insatisfacción de los grupos que cuestionan. Los procesos de transición que se han vivido en distintos países desarrollan, a través de sus diversas prácticas cotidianas, ejemplos que pueden ser utilizados en otras latitudes, siempre y cuando no se intente hacer de ellos modelos de obligatoria aplicación. En nuestra capacidad ciudadana de participación, despojados de criterios revanchistas, pero imbuidos de una actitud decidida de democratización efectiva, es que podremos aportar los cimientos para conducir resueltamente el país hacia una democracia efectivamente participativa. De lo contrario... miremos lo acontecido recientemente en Argentina”.

Recientemente rescaté lo esencial del mismo, abogando por la necesidad de encaminarnos todos a un proceso constituyente como instrumento también de preservación de la convivencia pacífica de nuestra formación social.

La violación, por parte del Estado panameño, del principio de Convencionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos coloca en un punto de regresión muy delicado que hace más que obligatorio un giro acelerado de conducción hacia una real y efectiva carrera hacia la democratización.

Para ello, como enseñó Mandela, “el arma más combativa para la democracia es la educación”. ¡Si no somos capaces de entenderlo... adiós a toda alfabetización!