Así lo confirmó el viceminsitro de Finanzas, Fausto Fernández, a La Estrella de Panamá

El desarrollismo, también llamado estructuralismo, es una postura ideológica surgida en el seno de la CEPAL en la década inicial de los 60, en aquella época bajo la orientación de Raúl Prebisch. Eran tiempos en los cuales Latinoamérica recibía las promesas dadivosas de “Alianza para el Progreso” concebida por Kennedy. El centro de la propuesta es la identificación de un supuesto remanente de capacidad propositiva y progresista de la burguesía nacional dentro de los países latinoamericanos. Esa virtualidad progresista implicaba que, en aras de cumplir su rol tardío en nuestro continente la burguesía cumpliría las trasformaciones objetivas de desarrollo desde la cual, al cumplirse, arrastraría y promovería a los sectores obreros y campesinos, colocándolos algunos pasos adelante para poder cumplir sus propios objetivos. Desde ese punto de vista toda acción de progreso material sería pre- revolucionaria
El progresismo cumpliría sus objetivos emprendiendo transformaciones supuestamente necesarias, las cuales eran las mismas del capitalismo transnacionalizado, pero con un supuesto contenido nacional. El desarrollismo contaminaba a las potencialidades de los propios movimientos nacionales corroyéndolas desde adentro. El proceso torrijista se contaminó de las propuestas seudo desarrollistas que lo minaron desde adentro cuyos ejemplos más notorios fueron las intrusiones de Barletta y Pérez Balladares antes y después de la invasión.
En la actualidad la supuesta capacidad transformadora del desarrollismo choca contra las nacientes reclamaciones de protección ecológica, las cuales ponderan el valor de la naturaleza frente al desarrollismo y extrativismo.
En nuestro propio ambiente social, a lo interno de las formaciones partidarias, existen remanentes de desarrollismo que sostienen la necesidad del embalse de Río indio, porque lo requeriría la sostenibilidad de nuestra supuesta vocación unívoca del transitismo. Estas posiciones recuerdan a quienes soplan la espuma de la cerveza pretendiendo que no se desborde del vaso.
Las paradojas del desarrollismo y transitismo nacional
En párrafos anteriores nos referíamos al contrasentido de apostar por el uso del Río Indio como tabla de salvación de la operación canalera; pero algunos lectores, con propiedad argumental, arguyen justamente que la opción de seguir ampliando las reservas hídricas presupone que a nación panameña deberá seguir poniendo sus entrañas para ser abiertas a lo largo y ancho de todo el país según la demanda internacional. Esto ignora los justos intereses y expectativas de otras naciones que han de entrar en el negocio y pueden hacer inefectivas una sobre-inversión nacional que se hiciera con el pretexto de proteger la exclusividad de nuestro mercado transitista.
Admitimos que es correcta esta observación y se le suma la comprobación de que el gran problema del canal que opera Panamá, es que su principal insumo debe servir a dos temas, trasiego de barcos y consumo de agua potable. Esta última no es bien gestionada, pues el IDAAN, ha estado en un filo de ser privatizado y por consiguiente en los últimos 30 años no ha recibido los recursos financieros para optimizar el sistema de distribución de agua, donde se dan pérdidas del 50% del agua que se potabiliza y que se pierde en las redes de suministro local, esta pérdida equivale a cerca de 8 tránsitos diarios de barcos. Se estima que el proyecto de Río Indio debe rondar los 1.5 mil millones, con este monto podríamos realizar una gestión eficiente y no forzar un proyecto más agresor del medio ambiente y de las comunidades en su entorno. Además, la creación de un lago artificial sobre la base de la cuenca del Río Indio presupone una espera estimada de cuatro años para que esa reserva sea operativa.
Lo anterior expresa una voluntad política deliberada para minar el reclamo de la sociedad que en general ha comprendido que las políticas de privatización han sido ineficaces e ineficientes como lo es el caso del IRHE que sufrió una privatización que se proyecta sobre la tercerización con intermediarios favorecidos, pero los operadores de terreno (que son los antiguos empleados) tienen dificultades en cobrar a tiempo sus servicios contratados. Los ciudadanos coinciden en que Los problemas de Unión Fenosa no los hubiera tenido el IRHE. Aunque el presidente Mulino insista en que todo debe quedar como está a pesar de la inseguridad y peligrosidad de las operaciones de los concesionarios privados. Para terminar, debo usar una calificación semántica para precisar lo que el pueblo requiere y necesita. No estamos contra las empresas solo que deber reconocerse que hay una categorización del término necesaria, ya que hay empresas privadas y públicas. Lo que aseveramos es que la empresa pública en Panamá funcionó mejor.