¿A quién no le gusta que se le trate con respeto y dignidad? ¿Quién no desea que su sufrimiento o el de alguien cercano y amado sea respetado y tomado en cuenta? Estas son dos preguntas fáciles de responder, pero al parecer difíciles de superar cuando la vida nos pone a prueba.
Nuestro país sufre de una terrible falta de consideración, no solo en la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, sino además —y de manera especialmente peligrosa— a nivel institucional. Esto se hace más evidente cuando hablamos de la falta de empatía de las personas que, en teoría, deberían velar por la salud de la nación.
No es mentira que existe un problema grave en el sector salud panameño: falta de insumos médicos, infraestructura deficiente o inexistente en muchos casos, escasez de personal y presupuestos mediocres. Sin embargo, considero que, aunque todo esto está intrínsecamente ligado a la ausencia de políticas sólidas para enfrentarlo, la falta de humanidad compartida por parte del personal administrativo y médico en muchos centros de salud, policlínicas y hospitales públicos, roza en la crueldad y la negligencia. Los sucesos acontecidos en el hospital Nicolás A. Solano (HNAS), en La Chorrera, parecen ser actualmente una triste prueba de ello.
No hay duda de que en nuestro país existe —y doy fe de ello— personal médico y administrativo muy capaz y comprometido con su trabajo. Pero también he sido testigo presencial de la incapacidad de algunos funcionarios y profesionales de la salud que actúan como si los pacientes y familiares estuvieran allí para hacerles la vida difícil por pura necedad o placer. En realidad, el estrés que se sufre como paciente o familiar es ya lo suficientemente alto como para recibir además un trato irrespetuoso e indigno.
¿Qué se necesita para combatir esta situación? Ya se ha escuchado el clamor de las víctimas y organizaciones que exigen una ley que proteja a la población del descuido profesional y garantice una atención humana y segura. Sin embargo, este clamor social parece caer en oídos sordos. El procedimiento actual, además de engorroso y lento, exige recursos que muchas víctimas y familiares no poseen. Peor aún, pone en evidencia una gran debilidad: la dificultad de que un médico declare en contra de un compañero, lo que complica la obtención de pruebas que permitan una condena.
Incluso el papel de la Defensoría del Pueblo resulta ineficiente para lograr resultados. Los 54 casos de negligencia médica reportados en 2023, según el Consejo Médico Forense, evidencian la incapacidad de esta institución para transformar la cruda realidad que atormenta a nuestro país.
¿Qué se necesita para lograr un cambio? ¿Acaso más víctimas? ¿Más dolor? ¿Más indolencia de quienes deberían brindarnos auxilio en la hora de mayor necesidad?
Según la tesis Análisis de demandas por supuesta mala práctica médica procesados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá desde el año 2008 al 2012, elaborada por la magíster Yilinda Mileydi Fernández Ríos, la especialidad médica más frecuentemente involucrada fue la gineco-obstetricia. Muchas denuncias se dieron en el momento del embarazo y parto: mujeres que, en lo que debería ser el instante más feliz de su vida, sufrieron una violencia inmerecida e innecesaria —como lo es cualquier tipo de violencia—. Esta situación tan enraizada en la psique de algunos médicos y personal, especialmente en instituciones públicas, se ha normalizado tristemente. Y lo más lamentable es que —como menciona la tesis— la mayoría de las denuncias se presentan únicamente cuando ocurre un fallecimiento y se exige justicia. Esa era la realidad señalada hace una década, pero ha sido ignorada por completo.
Es cierto que es necesario actualizar la normativa sobre los procedimientos que se llevan a cabo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la emisión de opiniones periciales. Es necesaria una ley que proteja a las personas, pero igualmente es triste que para lograr un cambio se necesite de la jurisprudencia, creo además que de una ley es necesario es que el personal médico y administrativo utilice el sentido común —ese que llaman “el menos común de los sentidos”— para llegar a la conclusión de que se requiere un cambio de mentalidad. Se necesita encontrar la empatía de la cual tanto se habla y tan poco se practica cuando se trata con personas. No se necesitan malas caras, funcionarios que tuerzan los labios cuando haga falta una fotocopia o comentarios hirientes de los doctores, cuando no se entiende la jerga usada -la cual le es desconocida y de todas formas no está obligado a conocer-.
No porque una persona no tenga seguro médico y deba acudir a una institución pública significa que es menos digna de consideración y de un trato justo. No olvidemos la empatía: esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, no como lástima ni como compasión vacía, sino como un reconocimiento real de la humanidad compartida. Recordemos que el dolor no discrimina entre quienes tienen seguro privado y quienes no lo tienen.
El funcionario de salud, en todos los niveles, debe comprender un hecho simple: no le hace un favor a los usuarios. Le debe respeto a nuestra humanidad.
No se pide ni más ni menos.
