El ‘trumpulinismo’: una dictadura mimetizada de democracia

En una presentación que tuve el gratísimo honor de hacer ante parte del clero panameño referido a la problemática de nuestra sociedad actual, un obispo me hizo una pregunta a propósito de lo que yo denominé en mi plática como el “quiebre de la subsidiaridad del Estado” y, por tanto, de su función de proteger el “bien común” para con la población como en el caso del Seguro Social. Su interrogante versó sobre cómo era que se podía meter mano a los fondos de la CSS y convertirla en la “caja menuda de los gobiernos”.

Pues bien, la explicación que les compartí, encuentra evidencias contundentes en el desvío de fondos para la acumulación de entes privados, que se ha dado desde hace más de 14 años y que emerge a la luz por voceros de la misma institución. En efecto, precisamente la semana pasada el propio jefe de asesores legales de la CSS presentó ante el Ministerio Público tres denuncias sobre manejos “inadecuados” de los fondos del programa de pensiones —a los que no quiso llamarlos por sus denominaciones delictivas— con los cuales el famoso e histórico desfalco de 1982 deja como bebés de pecho a los que fueron inculpados por este delito en aquella época en comparación a esto que sale a flote.

En otras palabras, estamos frente a un desfalco billonario desde el año 2010 hasta 2023, de tal magnitud que este mismo gobierno se enfrentaría a un problema mayúsculo con sus propios amos del sector empresarial financiero si no hacía el gesto, al menos, de denunciarlo. Las cuentas reales no les saldrían y sus cálculos se vendrían abajo en el tránsito hacia las cuentas individuales que ordena la cuestionada Ley 462. No obstante, dado el carácter dialéctico de la realidad, la negación a un hecho para proteger la funcionalidad institucional de la CSS y de la mencionada ley, trae consigo su propia negación de la legitimidad de la ley. Esto es, el hecho denunciado legalmente desnuda una verdad que ya los investigadores de la Universidad de Panamá especialistas en temas actuariales y en problemáticas de los seguros sociales y desarrollo económico-social habíamos advertido desde hace tiempo atrás. ¿Será por esto que nos llaman terroristas los del actual gobierno?

No por azar, el especialista actuarial, Dr. Orlando Sam, había hecho cálculos con datos directos de la misma institución —otros analistas lo hicieron con datos de la OIT, que representaban fuentes secundarias— en los que no cabía que hubiese los “déficits” que los tecnócratas y autoridades interesadas en justificar la aniquilación del modelo de pensiones basadas en la solidaridad inter e intergeneracional (modelo Bismark) declaraban que sí existía, con el propósito de instaurar plenamente el modelo de seguros privados e individualizados (antisolidario) conocido como de “cuentas individuales” y logrado con la Ley 462.

Ergo, la protesta en las calles encuentra perfecta validez en este punto y-sin duda-los otros por los que se mantiene la actual lucha contestataria desde hace dos semanas. Por ende, la represión desatada y las criminalizaciones contra los/as líderes y activistas de dichas protestas, no tiene fundamento desde la justicia social y ahora ni desde lo legal, ni desde lo ético, ni económico, por cuanto sale a relucir que las razones de la falta de fondos nada tenía que ver con que hayan más pensionados que trabajadores activos; que haya más “viejos” que “jóvenes” que puedan aportar al fondo intergeneracional solidario; tampoco, que los trabajadores informales no aporten al programa y toda esa perorata que sigue difundiendo el empresariado privado financiero y su gobierno a través de sus tecnócratas y medios a su servicio.

En realidad, esta denuncia hecha por el cuerpo de juristas de la CSS debería conllevar una recapacitación de las autoridades respecto a la respuesta de inflexibilidad autoritaria que vienen ofreciendo los personeros del “trumpulinismo”. La respuesta tiene que ver con el hecho de que, por un lado, no se pretende echar marcha atrás con la ley, porque con su derogación los beneficiados con lo que se aprobó, estarían dejando perder el manejo de multimillonarios fondos del programa de IVM y... donde están sus eventuales y efectivas ganancias, allí están sus corazones. Lo que confirma que se gobierna para los intereses económicos por encima de los intereses sociales, denunciado ya por los obispos de la Conferencia Episcopal Panameña desde el año 1981 y con más claridad en su Carta Pastoral de 1985.

Una última aseveración al respecto, la respuesta represiva y de terror estatal generada para infundir miedo y quebrar a los movimientos sociales y sindicales activados en las calles, revela no solamente que estamos ante un simulacro deplorable de democracia que pretende ocultar con ello lo que real y objetivamente es: una dictadura civil mimetizada de democracia, avalada por los intereses actuales del Pentágono y la Casa blanca, confluyendo intereses de las élites del poder criollo con los que ejercen el Gobierno EE.UU., hecho puesto en evidencia con el memorando de entendimiento entre ambos gobiernos, el respaldo dado por las agencias de inteligencia militar de EE.UU. a los organismos de represión locales, entre otras evidencias probatorias de la antinacional unidad “trumpulina”.