Entuertos presupuestarios

Después de los espectáculos de perros y gatos vistos en la Asamblea Nacional y, recientemente, en los municipios de Panamá y San Miguelito, qué duda cabe de que en el Palacio Justo Arosemena y en las comunas edilicias impera una vulgar rapacidad por las tajadas presupuestarias.

A nivel nacional, ya es tradicional que el proyecto de Presupuesto General del Estado, presentado por el Órgano Ejecutivo, regrese al Gabinete, para que se le hagan ‘los ajustes’ demandados por los diputados, del bloque mayoritario gubernamental, bajo la amenaza de demorar su aprobación o, simplemente, rechazarlo. Los diputados, por mandato constitucional, y para bien, no pueden incrementar las partidas contenidas en el proyecto de Presupuesto y, por eso, han institucionalizado la práctica del chantaje. Y cosa igual, hacen los representantes-concejales al nivel municipal.

Para sortear el mandato constitucional la Asamblea Nacional se inventó sus ‘vistas presupuestarias’, que duplican las que debe realizar el Ministerio de Economía y Finanzas. La Constitución estipula que para la elaboración del proyecto del Presupuesto General del Estado, el MEF celebrará ‘vistas presupuestarias’, en las que participará la Comisión de Presupuesto de la Asamblea; pero no ocurre así. La Asamblea, deliberadamente se margina de las vistas del MEF y programa las suyas, en las que cada ministerio y entidad autónoma debe justificar las partidas que les han asignado. Se equivoca quien pueda pensar que a los diputados, animados de sanas intenciones, les interese conocer los entresijos del proyecto de presupuesto; su motivación es crematística: negociar puestos y prebendas y buscar los resquicios que les permitan encontrar los fondos para sus fines particulares, especialmente en los años preelectorales.

Por el Acto Constitucional de 1983, para bien, repito, a la Asamblea se le quitó el control que antaño tenía sobre el Presupuesto General del Estado y que se traducía en la distorsión de ese instrumento fundamental, como producto de las ambiciones sectarias y personalizadas de los diputados. Afortunadamente para el país, el título constitucional sobre el Presupuesto, contiene salvaguardas para evitar la deformación de ese instrumento, mediante la limitación a la Asamblea para aumentar el cálculo de los ingresos o incorporar nuevos rubros de gastos, sin la previa anuencia del Gabinete y de la Contraloría. La Asamblea sí tiene la facultad de disminuir las partidas consignadas en el proyecto de Presupuesto; pero no lo hace, por la razón, obvia, de que su interés no es recortar sino aumentar.

La Constitución Política fue reformada por los Actos Legislativos de 1994 y 2004, pero, igualmente para bien, nadie puso empeño en cambiar la sana normativa constitucional. Pero el hecho de que no se hayan cambiado las normas constitucionales que regulan la materia, no ha impedido que los diputados, con contumacia, sigan tratando de imponer sus ambiciones presupuestarias: primero, mediante el chantaje para obligar al Ejecutivo a retirar y modificar rubros que favorecen a los diputados y, segundo, mediante la práctica, desordenada, de las constantes transferencias de partidas y la aprobación de créditos extraordinarios.

La desordenación del proceso presupuestario, ha sido motivada por la voracidad de los diputados que insisten en degradar su responsabilidad y principal función de discutir y aprobar las leyes del país, para asumir el papel de promotores y administradores de obras en sus respectivos circuitos, en competencia con los municipios y representantes de corregimientos o, como ya ocurre, hasta a ejercer simultáneamente de diputados y representantes de corregimiento.

Comprobado como está que en las esferas de la partidocracia panameña, existe total ausencia del espíritu constructivo, que debería llevar a imitar las buenas prácticas de gobierno, los niveles inferiores de la administración pública, han tomado el camino de copiar lo que a nivel macro sucede en la Asamblea. En los municipios de Panamá y San Miguelito, se ha destapado una lucha abierta entre sus alcaldes y los representantes de corregimiento que, en función de concejales, al igual que los diputados, bloquean el proyecto de Presupuesto y se pelean a dentelladas por los fondos de la comuna. En ese triste panorama, una mayor descentralización gubernamental sólo servirá para que continúe la atomización improductiva de los recursos públicos.

PRECANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE.