Fallas del mercado en Panamá

Las crisis macroeconómicas son situaciones de una falla de mercado que se puede combatir a través de programas anticíclicos que tiendan a manejar la demanda total de la economía, aumentando, por ejemplo, el gasto público en períodos recesivos o reduciéndolo en períodos inflacionarios. En el caso de Panamá, un ejemplo de lo primero lo tenemos en el programa de empleo de urgencia que surge durante la década de los 70 (donde encontramos el origen de las brigadas celestes de la hoy municipalizada DIMA), facilitado por el acceso a importantes recursos de crédito externo.

La existencia de mercados incompletos o imperfectos es una situación que señala la presencia de fallas en el mercado que ameritan alguna acción supletoria del Estado. Por ejemplo, algunos grupos de población no son sujetos de crédito por no estar trabajando. En el caso de los estudiantes, esta situación pudiera atentar a largo plazo contra la formación de una mano de obra de alta calificación. Para corregir esto, el Estado a través del IFARHU realiza un vasto programa de becas, préstamos y seguros a los estudiantes que les permita contar con financiamiento para sus estudios.

Un ejemplo adicional de fallas de mercado se encuentra en el tema de las externalidades, esto es, un efecto no buscado que se produce sobre el bienestar de algunos agentes económicos, o de toda la sociedad, a partir de la actividad de alguno de ellos en particular. Estos efectos pueden ser positivos o negativos. En cuanto a los negativos, el más conocido es el de los costos de la contaminación ambiental que se puede derivar de algunas actividades industriales o de construcción de obras de infraestructura. En Panamá, esta situación se puede enfrentar haciendo cumplir la normativa existente sobre protección del ambiente, y es esta una razón de ser de la exigencia de estudios de impacto ambiental y de los planes de mitigación exigidos por la ANAM, además de las sanciones que ella puede imponer.

La última falla de mercado que comentaremos hoy se produce cuando existen problemas de información. Cualquier persona involucrada en la compra de un automóvil de segunda seguramente se habrá dado cuenta de esta realidad, en muchos casos demasiado tarde. El asunto, sin embargo, no se limita en absoluto a los bienes, y dentro de estos no se restringe solamente a los duraderos, sino que también abarca los servicios. El Estado tiene un camino amplio de acción para combatir esta falla y aquí comentaremos dos. Una tiene que ver con la normativa sobre la veracidad en la publicidad y la otra con disposiciones sobre la fecha de vencimiento de productos perecederos. Ambas normas se encuentran estatuidas en la Ley 45 de 2007 a través del artículo 36 (obligaciones del proveedor frente a los consumidores) y del artículo 58 (veracidad en la publicidad de forma tal que esta no induzca a error o confusión, no tergiversen los hechos y sean afirmaciones comprobables). Gracias a la labor de la ACODECO, situaciones como las planteadas se han podido corregir, aunque es un proceso permanente.

El autor es administrador de la Acodecopmeilan@acodeco.gob.pa