¿Qué ganamos con el affaire Hurtado?

En el debate nacional e internacional suscitado por el asilo otorgado a la ex directora del DAS colombiano, se han denunciado actividades delictivas desarrolladas bajo su mando, así como enérgicos pronunciamientos contra la violación oficial de derechos humanos. Pero haciendo abstracción de aplausos o censuras, hay hechos claros sobre los cuales podemos reflexionar y preguntarnos si, como consecuencia de ellos, Panamá está ganando o perdiendo con el affaire Hurtado.

En primer lugar, nadie cuestiona la facultad de un presidente panameño de dirigir las relaciones internacionales, que incluye otorgar asilos. El ministro del ramo es un mero ejecutor de las estrategias o medidas que ordene su jefe; el ministro sería, en todo caso, un simple asesor en esa materia. Nadie puede pretender que el concepto de soberanía excluya el derecho soberano —valga la redundancia— de asilar a quien le venga en gana al gobernante, como tampoco el derecho a negarle visa e impedirle entrada al país a cualquier extranjero. Salvo rarísimas excepciones, solo los panameños tenemos derecho indiscutible de entrar y salir del país cuando querramos. Si al otorgar o negar una visa o asilo a un extranjero se llegara a desatar una confrontación bélica, diplomática o verbal, ya sería harina de otro costal. Entrarían en juego prudencia, astucia, instinto y sagacidad.

En segundo lugar, entiendo que un presidente no está legalmente obligado a explicar a la opinión pública las razones que haya tenido para actuar o no hacerlo en el campo internacional, incluyendo brindar asilos como el otorgado. Entiendo que el fondo del tema deberá ser fundamentado si el asunto es llevado oportunamente a los tribunales de justicia panameños y, entonces, sea materia de revisión judicial definitiva. Por ahora, el presidente panameño manifestó que el asilo fue otorgado tomando en cuenta el valioso apoyo que el DAS, bajo la administración de la asilada, dio a la inteligencia panameña en la lucha contra el narcotráfico.

En tercer lugar, llama la atención que otros voceros del gobierno han adelantado dos distintas justificaciones para otorgar el asilo: persecución política o inseguridad personal. Originalmente se manifestó que la asilada era víctima de un hostigamiento por parte del Órgano Judicial, que buscaba vengar el asedio al que fueron sometidos varios magistrados bajo la presunción, aupada por la asilada, de que la Corte estaba infiltrada, dominada, etcétera por la narcoguerrilla. Valiéndose de sus prerrogativas oficiales, se aduce que la cacería judicial no es resultado del afán por hacer justicia, sino consecuencia de una turbia venganza personal. Pero, por otro lado, nos informan que tanto la solicitud como la concesión del asilo se basaron en que la solicitante sentía que su seguridad personal corría peligro en su país. Entonces pregunto: ¿Persecución política del mismo grupo en el poder o blanco especial desprovisto de seguridad personal?

En cuarto lugar, comparemos declaraciones del ex presidente Uribe y del actual mandatario colombiano. Uribe acepta haber aconsejado a antiguos colaboradores a buscar refugio fuera del país si peligraba su seguridad personal; el presidente Santos, molesto porque Panamá previamente ni avisó, ni consultó, declara que su gobierno está en capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, incluyendo la asilada. Coincide con su eslogan electoral: ‘Seguridad democrática’.

En quinto lugar, varios funcionarios investigados del DAS, antiguos subalternos de la asilada, han aceptado y confesado atrocidades cometidas bajo su dirección. Están detenidos, pendientes de juicios penales.

Estos son hechos, no opiniones antojadizas. ¿Qué ganamos realmente otorgando ese asilo? ¿Admiración universal por contribuir generosamente a la paz del vecino país? ¿O se nos incriminará por obstruir la acción de la justicia en una nación amiga refugiando malhechores, precisamente cuando de eso se acusó al Parlacen para justificar nuestra salida? ¿Qué valoración harán organismos internacionales de derechos humanos? ¿Qué impacto tendrá en nuestras relaciones con el gobierno colombiano, habiendo asentido a ataques contra su seguridad pública y la integridad de su Poder Judicial? ¿Y qué, como ejemplo de apoyo a las libertades de expresión e información? Preguntas que debieron ser respondidas antes de decidir.

*EX DIPUTADA DE LA REPÚBLICA.