Gestión pública y cobertura universal de salud

A finales del año pasado, señalé en esta columna que el presidente había precisado la Cobertura Universal de la Salud, privilegiando la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, como uno de los temas relevantes a tratar por los participantes en el Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”. No se equivocó, pues, la necesidad de transformar el sistema de salud para alcanzar la cobertura universal de salud fue señalada, con palabras sencillas pero muy claras, por la mayoría de los ciudadanos que opinaron en la plataforma Ágora.

En ese sentido, para introducir los cambios necesarios y cumplir con el mandato de la ciudadanía, será condición absolutamente necesaria el fortalecimiento de la capacidad de Gestión Pública, junto con la eliminación de la injerencia nociva de los intereses políticos, económicos y gremiales en los procesos relacionados con el ejercicio de dicha gestión.

Dicho eso, entremos entonces en estas condiciones indispensables para alcanzar la Cobertura Universal de Salud. Y fíjense que, sobre este tema del mejoramiento de la Gestión Pública, ya hace 40 años la OMS, en su documento de “Los Métodos Modernos de Gestión y la Organización de los Servicios de Salud”, presentado en la 26 Asamblea Mundial de la Salud, nos decía que, si se quiere alcanzar un nivel superior de salud y de asistencia sanitaria es indispensable mejorar la gestión de los servicios sanitarios. Agregando que, sin una gestión eficaz, no serán muy afortunados los intentos de mejorar la organización, la estructura y el funcionamiento de esos servicios.

Hoy, ya sabemos que, esta cobertura universal para alcanzar un nivel superior de salud tiene tres dimensiones que deben estar en equilibrio: ¿quién está cubierto?, ¿qué servicios están incluidos?, y ¿cómo se financia? La tarea es lograr progresos en los tres frentes y para todas las personas en todos los lugares, ya que el progreso a lo largo de solo una dimensión podría afectar a las demás. La conducción de ese proceso tiene que ser responsabilidad de una persona con las competencias suficientes, y contar con todo el respaldo político, estratégico y financiero.

Pero ¿cómo fortalecemos la capacidad de gestión pública? Para comenzar, está la necesidad de eliminar el clientelismo y el favoritismo de los intereses políticos, económicos y gremiales en las cuestiones públicas. Y ya no solo para el asunto de los nombramientos de personal, favoreciendo a los grandes hospitales de las capitales de las principales provincias, sino para las construcciones de megaproyectos que no funcionan, las compras de equipos que tampoco son los necesarios, los medicamentos que se vencen o hacen daño, etc.

La erradicación de esta nociva injerencia política permitirá que las altas posiciones del sector salud, y por añadidura, la figura responsable por la transformación del sistema de salud, sean ocupadas por el ciudadano más idóneo, con una comprobada trayectoria de probidad y éxito en el sector público. Por otro lado, los altos puestos técnicos del nivel central de Gobierno deben ser todos, sin excepción, por concurso, garantizando que el mejor profesional interesado, que posea las competencias, sea el que ocupe el puesto y esté protegido de los caprichos de la autoridad de turno, y de los vaivenes políticos, garantizando que la agenda de salud del país se cumpla. Lo mismo es válido para los niveles regionales y locales. Eso no se improvisa, eso se estudia, se aprende, se incorpora a la práctica cotidiana de trabajo y se convierte en cultura.

Como si lo anterior no fuera suficiente, nos quedan por resolver los temas relacionados con la formación y capacitación de los recursos humanos, así como la coordinación entre la academia y las instituciones prestadoras de servicios, y el espinoso asunto de la distribución equitativa de los mismos a lo largo y ancho del país. Lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible consolidar la coordinación y el trabajo permanente, entre las instituciones formadoras y las empleadoras en el sector salud, dificultando concretar acciones hoy apremiantes para los recursos humanos en salud.

También es apremiante la necesidad de fortalecer de manera sistemática y continua la capacidad de los recursos humanos para la gestión de los diferentes procesos institucionales, incorporando en los procesos de capacitación, y por ende en la gestión, las metodologías de planificación por resultados y el diseño de herramientas de monitoreo y evaluación para el fortalecimiento de las instituciones públicas. Se requiere igualmente la mejora en los mecanismos de coordinación intersectoriales, el desarrollo e integración de sistemas de información, la simplificación de procesos y procedimientos organizacionales y adecuación de reglamentaciones y marcos regulatorios que permitan adecuar el funcionamiento de las instituciones a la transformación del sistema de salud.

Finalmente, hará falta un efectivo control social para apoyar y garantizar esa gestión pública eficiente, efectiva, con equidad, de nuestras instituciones, y, por ende, un uso igualmente eficiente y efectivo de los recursos que nosotros los panameños invertimos en salud y necesitamos para alcanzar la cobertura universal de salud.