No hay negociación sobre la libertad de expresión

Recientemente, el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) realizó un evento que tuvo como invitado principal al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

Con la colaboración del embajador de la OEA en Panamá, Rubén Farje, y la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo de Obarrio, se realizó, con una nutrida concurrencia, dicho conversatorio.

Este evento se originó producto de una reunión que sostuvimos con dos miembros de la subcomisión de la Asamblea Nacional que está a cargo de la discusión del proyecto que modifica la ley que regula el derecho a réplica en nuestro país. En la misma propusimos y nos comprometimos a traer al más corto plazo posible, una voz autorizada y que goce de prestigio y reconocimiento internacional como especialista en el tema de la libertad de expresión. Afortunadamente, desarrollamos una sinergia con el embajador de la OEA que, aprovechando que el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA iba a estar de paso por unas cuantas horas en nuestro país, participara como expositor en el evento que hoy nos ocupa. Reto que don Pedro Vaca, felizmente, aceptó.

A la luz de ese encuentro, es oportuno poner en relieve las preocupaciones que en materia de libertad de expresión e información hemos transmitido a las máximas autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de nuestro país y que también fueron expuestas en el Informe de Panamá ante la última Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Primero, que la calumnia y la injuria sigan siendo materia atendida por la jurisdicción penal. Segundo, que no existan límites en las cuantías para las demandas civiles y las medidas cautelares como consecuencia de los reclamos por supuestos daños morales. Tercero, la posibilidad de que las medidas cautelares, o secuestros, de activos y/o bienes propiedad de medios de comunicación afecten el normal funcionamiento de dichos medios o se conviertan en acciones que provoquen la autocensura en el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos. Cuarto, la utilización de argumentos confusos relacionados a supuestos delitos como la violencia de género, la violencia política, y el maltrato de menores para procesar a periodistas o ciudadanos por razón del ejercicio de sus labores o de su derecho a la libertad de expresión.

Nos sentimos optimistas sobre el respeto a la libertad de expresión, porque el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó las Declaraciones de Chapultepec y Salta de 2018, durante la apertura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP), convirtiéndose en el primer jefe de Estado de las Américas en suscribir estas Declaraciones. El mandatario panameño reiteró su compromiso con la libertad de expresión durante esta Asamblea, que era la primera en 76 años que se realizaba en forma virtual.

Por otra parte, es de conocimiento público que el sistema judicial ha sido vulnerado por la clase política y empresarios corruptos que, además, hostilizan a los periodistas y medios por denuncias comprobadas de que han amasado fortuna, donde se huele el lujo y la riqueza injustificada extrema. Es vergonzoso ver que algunas empresas locales y extranjeras que han contratado con el Estado panameño pagando sobornos a sus peones locales, han sido procesadas y castigadas en el extranjero por sus fechorías, pero, en Panamá, las han eximido de culpa o enterrado sus expedientes.

En la clase política y entre los funcionarios hay honrosas excepciones que queremos reconocer. Y dar a conocer que algunos cuantos se sienten una deidad a la que hay que rendirle culto y admiración a la personalidad tanto el periodismo como los ciudadanos. Además de la corrupción, está la impunidad. Ambas son la gran tara de la política panameña. No son pocos los que han aprovechado la postración en que por años estuvo la justicia, para poner en marcha una estrategia de saqueo sistemático del erario.

Debemos tener muy presente que cuando la impunidad es absoluta, el precio que pagan los países es inconmensurable. Por eso la estamos denunciando y combatiendo. Afortunadamente, con los recientes cambios en el Órgano Judicial y el Ministerio Público renace la esperanza de que van a regenerar la abollada imagen de la justicia panameña tanto dentro como fuera de nuestro territorio.

Esto se logrará cuando los peces gordos como los flacos sean llevados ante los tribunales, y se ponga fin a la inequidad existente en la aplicación de la justicia que, como la salud, debe ser igual para todos.

Si bien es cierto que el periodismo es la conciencia crítica de nuestra sociedad y garantía inalienable de pensamiento y expresión, también tiene la obligación inesquivable de que sea ejercido con objetividad, ética, transparencia, pulcritud y ecuanimidad.

Durante las reuniones que hemos sostenido con los más altos cargos del Órgano Judicial y el Ministerio Público, hemos expuesto nuestra firme posición de que no nos pensamos quedar callados ante ninguna amenaza de quienes pretenden reprimir el libre ejercicio del periodismo.

Ante el país, reiteramos nuestro compromiso de que, para nosotros, la libertad de expresión no es negociable.