Historia vivida y Estado policial

A los agentes de la Policía Nacional frente al panorama pandémico, a través de los medios de información masiva se les ha pretendido heroizar. Sin embargo, la historia vivida por muchos ciudadanos -incluyéndome- deconstruye dicha falacia. No son héroes, militares ni autoridad, mucho menos un poder estatal, son simples servidores públicos muy mal formados, con miles de vicios y desconocimiento pleno de los derechos ciudadanos. Pero, bien pagados y adiestrados para reprimir.

En el oficio de historiador debemos actuar como la conciencia crítica de la sociedad del tiempo presente, insistía el connotado historiador español Josep Fontana. Así, guiados por el espíritu de la reflexión, ensayamos expresar juicios de valor sobre el Estado policial panameño y su vinculación con la globalización neoliberal.

Estos agentes, por costumbre, interpelan a los ciudadanos en tono grotesco y desafiante, esperando igual reacción para luego iniciar su represión so pretexto de alzamiento. Claro, reproducen o descargan las mismas formas con que son formados dentro de la Academia -en la Ciudad y los perros, el maestro Mario Vargas Llosa lo describe con nitidez. Pues, la represión y opresión ciudadana impera sobre la garantía de seguridad.

Esta particularidad lleva implícita el tipo de violencia simbólica que denunció Pierre Bourdeau, fundamentada en la psicología del miedo o doctrina del “shock”, parafernalia esta que cohíbe a los ciudadanos al momento de defender sus derechos y, por tanto, tuerce la conciencia social colectiva y la movilización popular. Obviamente, se recrean praxis autoritarias y totalitarias engendradas por el imperialismo norteamericanos en las naciones latinoamericanas.

No cabe duda de que las particularidades de esta historia presente local están conectadas con la global. Así, el Gobierno oculto de la globalización neoliberal, que impone su democracia de mercado, también ha configurado su propio ESTADO POLICIAL pervertido en Panamá, que da rienda suelta a la represión contra todo comportamiento civil que tenga a bien contravenir los ideales del modelo económico imperante.

En él, la criminalidad se convierte en un mecanismo político, intencionalmente engendrado, para priorizar la inversión estatal en armamento militar como única garantía de seguridad ciudadana, aun en desatención de las necesidades de primer orden de esa misma ciudadanía. En consecuencia, los únicos beneficiarios son los magnates de las industrias armamentísticas que incrementan sus ganancias.

Lo contraproducente de todo esto es que el crimen se utiliza como “chivo expiatorio” para condenar a las clases bajas como causantes de este grave mal. Así, se hace justa cualquier embestida represiva contra estos grupos sociales, supuestamente, para erradicar la raíz de este mal. Ahora, lo que tenemos que sopesar es que las clases bajas, pobres y oprimidas son consecuencia de las clases elitistas, explotadoras y segregacionistas, he allí el verdadero origen de la criminalidad

Pretenden hacernos creer que la pobreza legitima al crimen; es la dulce invitación a la adopción del estilo de vida burgués, para luego atraparnos en la vorágine del consumismo. A propósito, ante este panorama pandémico el Estado policial legitima un nuevo orden político en el que imperan medidas de control violatorias al libre tránsito (toques de queda, retenes, cuarentenas, salvoconductos, etc.) y otras garantías fundamentales de los ciudadanos. Ello, sin escatimar que el salvoconducto tiene más poder que cualquier documento de identidad legítimo.

Debemos tener claro que, como tendencia global imperialista, su primordialidad es garantizar la seguridad para la inversión extranjera, además de la vida, bienes y “honra” de los accionistas. La idea suprema de operar contra el crimen es un engaño, pues en este modelo capitalista su accionar se direcciona contra los movimientos populares que exigen a estos corporativos transnacionales el respeto a los derechos laborales.

En suma, la globalización es el maquillaje del imperialismo y el neoliberalismo es la supremacía de las transnacionales sobre los Estados y su dogma político-económico a categoría de directriz de su política reduce el Estado a simple guardián del orden (DÍEZ Gutiérrez, E. J. 2009). La brutal represión policial homogénea en Latinoamérica, dada la movilización popular ante el cóctel tóxico de la pandemia, es su consecuencia. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Panamá, entre otros, lo viven.