Impunidad

Isabel Pantoja ingresó a las 8:00 de la mañana al único escenario público que nunca se imaginó pisaría. La cárcel de Alcalá de Guadaira, donde cumplirá dos años de condena por blanqueo de capitales. Será el nuevo hogar donde la tonadillera podrá entonar sus sentidos versos por este tiempo. Allí, a 20 kilómetros de Sevilla, la recibieron con ansias las 150 reclusas que le acompañarán y que le prepararon una mezcla —mix— de sus éxitos musicales.

Al final de su saga, concluye un intrincado proceso por corrupción donde ella llevó la parte más leve y su pareja, el alcalde Julián Muñoz, la peor frente al juicio por malversar fondos de la ciudad de Marbella en España. Ellos constituyen uno de los más de trescientos casos de funcionarios que han tenido que enfrentar a la justicia en ese país ibérico.

Al otro lado de la frontera, José Sócrates, ex primer ministro, fue detenido en el aeropuerto de Lisboa y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales contra la administración lusa. Tuvo que someterse a un interrogatorio sobre ‘operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación conocida y legalmente admisible’, afirman los despachos de prensa.

Estos y otros sumarios, así como un sinfín de informaciones que inundan los servicios noticiosos alrededor del mundo, hacen pensar que una de las tentaciones que acompaña al poder político es la impunidad. Este concepto tiene varias interpretaciones; la más sencilla se refiere a la comisión de delitos y gracias a la cercanía de los ámbitos de decisión, no ser el autor procesado por sus acciones.

Stella Maris Ageitos, investigadora argentina, aporta una definición más técnica. Ocurre, cuando ‘... existiendo remedios y recursos legales para investigar y castigar a todos aquellos que cometieron hechos aberrantes, se decide privilegiar a determinados estamentos del Estado, integrantes, por ejemplo, de alguna fuerza de seguridad de la Nación, y que, por ese hecho y solo cuando ello ocurra, no serán juzgados’.

La cruda realidad de los últimos tiempos nos brinda un conjunto de ejemplos de este tipo de fenómenos. En Guatemala, el general Ríos Montt, quien gobernó ese país y fue acusado de delitos contra la humanidad. Su causa ha sido como una montaña rusa con idas y regresos de los tribunales. En Italia ha ocurrido algo semejante con la receta política del ex primer ministro Berlusconi, quien entra al encierro y sale de él, según el ritmo de la mandolina.

En México hace poco, el procurador general daba cuenta de los hechos relacionados con el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sobre el testimonio de varios involucrados, narró cómo, por orden del alcalde de Iguala, fueron retenidos por la policía municipal, vejados, torturados y entregados a una banda de criminales que acabó con el grupo de forma inmisericorde, convertido en cenizas que se depositaron en bolsas y lanzadas al río.

Se tiene una versión de toda la ordalía, pero un tecnicismo, la falta de piezas corporales que comprueben la identidad de las víctimas, impide declarar el asesinato y se mantiene la opción de la desaparición. Este factor podría poner en peligro la administración de justicia y que los culpables paguen por sus acciones.

En el ambiente panameño, se han escuchado y visto en las últimas semanas, circunstancias que brindan componentes de un enrarecido ‘tufo’ en que diferentes sectores de los órganos del Estado se vieron involucrados en prácticas contra las arcas públicas en la anterior administración recién concluida. Cada uno de ellos, ha salido a la luz como expresión de la frase bíblica de que ‘el silencio de los aposentos, se escucha en las azoteas’.

Acá la justicia no puede permanecer torcida como árbol estrujado por un vendaval. Su aplicación constituye la prueba fehaciente de que la impunidad no puede reinar donde habita la democracia. En caso de ser así, la sociedad debe crear condiciones para corregir los desatinos.

*PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.