La indignación nacional

A doce días de las protestas más grandes de los últimos 30 años, encontrar una solución es tan importante como reflexionar de cómo llegamos aquí.

Solo si se entienden las razones y magnitud de esta explosión se podrá salir de ella y apuntar hacia adelante con esperanza de un mejor Panamá.

Cuando iniciaron las protestas de julio de 2022 me encontraba en Santiago (Veraguas), epicentro de un descontento que se expresó paralizando el país por más de un mes. Noté de primera mano – y así lo manifesté – lo genuino de su surgimiento (luego, otros grupos intentaron tomar control).

Aquellas protestas terminaron con una “mesa de diálogo” y con subsidios y regaladera por parte del gobierno.

Cerrado ese capítulo, repetí muchas veces, que era necesario, el gobierno primero y la sociedad también, hacer una autopsia de ese descontento que se había expresado con tanta fuerza.

Señalé hace un año, “una lectura consciente de la realidad obliga a transformaciones de fondo. Si no estas protestas que aún no terminan, regresarán convertidas en huracán”. ¡Aquí estamos!

El gobierno continuó como si nada, preparándose para la fiesta electoral. Administrando las finanzas públicas como si no estuviéramos en una situación crítica, a nivel local e internacional. Ninguna medida de austeridad. Presentan un presupuesto absurdo y clientelista, con un aumento de 5,500 millones versus 2023. Debatido con opacidad y engaño, al cual la Comisión de Presupuesto pretende aumentarle 780 millones, de los cuales 54 millones son para el programa de descentralización, que se ha demostrado largamente que es clientelismo y corrupción pura.

No solamente la gestión pública ha estado de espaldas al pueblo, más grave, desde el gobierno eran constantes los irrespetos a una sociedad ya de por sí molesta.

Desde el inicio de las negociaciones con la minera manifesté, que el gobierno cometía un grave error en no informar y comunicar al país sobre el proceso. Hoy, gobernar es comunicar.

La imposición pudo más. Aunque el país se dio cuenta de la corrupción de la descentralización, siguieron. Reeligieron a Benicio Robinson en la Comisión de Presupuesto. Aunque cambiar las reglas electorales después del pitazo inicial es burdo, tenían mayoría en la Asamblea, lo hicieron. El vicepresidente, candidato oficialista, usa y abusa del poder en función electoral, “la ley no lo impide”, persistieron. Ninguna acción real anticorrupción. No hay un solo servicio público que sea eficiente en lo mínimo, les hacen la vida imposible a los ciudadanos, nadie muestra empatía.

El gobierno se fue con el gusto. En el país en que nada se resuelve rápido, el viernes 13 de octubre impusieron las reformas electorales, con el método de sanción express, en dos horas firma el presidente y esa misma noche sacan otra Gaceta Oficial y promulgada.

Al viernes 20 de octubre, una semana después, otra vez, la misma receta, aprobación, firma y publicación en horas. En democracia se debate, no se impone. El Contrato-Ley de la minera nació muerto.

¡El país estalló! Al tiempo que el pueblo se rebeló, el gobierno se reveló incapaz, mediocre e irresponsable en anticipar, interpretar y resolver la crisis.

Los Órganos Ejecutivo y Legislativo han perdido su legitimidad funcional, no tienen capacidad de resolver esta crisis, cada vez que actúan la agravan. Sin dejar de mencionar una represión por parte de los estamentos de seguridad, desproporcionada con los manifestantes pacíficos e incapaz con el vandalismo.

Los jóvenes – verdaderos protagonistas – miran desde las calles hacia la Corte Suprema de Justicia, en espera de una solución. Pero todos sabemos, no podemos seguir engañándonos, la frustración e indignación es mucho más profunda.

Panamá clama por un pensamiento colectivo, este puede ser nuestro gran momento nacional.