Inseguridad vial y anarquía al volante

Yo vivo en Bethania desde hace más de cincuenta años. Antes era un bello y apacible residencial. Ahora, con el cambio de zonificación, y el beneplácito de nuestras autoridades, se ha convertido en una bulliciosa e insegura zona comercial. Y digo insegura, porque a excepción de los domingos, no hay un día ni una hora, en la cual no estemos en riesgo exagerado de sufrir un accidente de tránsito, o ser atropellado por un conductor distraído y desafiante, con solo tratar de salir de nuestra casa. Y es de eso de lo que vengo a hablarles en este día, de la seguridad vial, que en nuestra ciudad es “inseguridad” vial, ya que nuestras calles se rigen por la ley del más fuerte, y el más vivo. La esencia de los principios de la  anarquía, ante la ausencia casi absoluta de la autoridad que haga cumplir las ordenanzas.

Para demostrar que en nuestra ciudad y en nuestro país, la seguridad vial es una quimera, las estadísticas disponibles nos recuerdan que cada año ocurren en nuestro territorio un promedio aproximado a los 14 mil accidentes de tránsito (70% colisiones y 30% atropellos), causantes de un aproximado a 13 mil heridos y cerca de 350 fallecidos.

A pesar de las leyes y reglamentos, siguen siendo las principales causas de accidentes y muertes las relacionadas directamente con las llamadas conductas intempestivas al conducir: el exceso de velocidad, las distracciones como chatear frente al volante, manejar bajo los efectos del alcohol, y la impericia; a lo que se le suma el incumplimiento de los reglamentos de tránsito, como el no usar el cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no usar casco, y como si fuera poco; el estrés cotidiano que ocasiona el trasladarse de un sitio a otro en nuestra ciudad.

También es importante subrayar que - adicional al sufrimiento y las pérdidas de vidas- los costos de la atención de un paciente proveniente de un accidente de tránsito (heridos) le cuestan al Estado panameño aproximadamente 12 mil balboas, y para el paciente y su familia un tiempo promedio de recuperación de 43 días, amén de la posibilidad real de quedarse sin trabajo. Por tanto, una simple operación aritmética nos permite concluir que la atención de 13 mil heridos, le cuesta al país 156 millones balboas cada año. Y eso sin contar los gastos de las familias, el costo de 43 días de recuperación, el costo de las reparaciones y pagos de seguros de los vehículos accidentados y el sufrimiento de las familias de los heridos y víctimas.

Dicho todo lo anterior, es evidente que en nuestra ciudad y en nuestro país, la inseguridad vial, causante de accidentes y muertes, es un grave problema de salud, y es obligatorio preguntarnos: ¿qué estamos haciendo los panameños para combatir la inseguridad vial?

Aunque es obvio que no estamos haciendo lo suficiente, y debe ser un asunto prioritario para las autoridades que elegiremos en mayo del 2024, termino esta entrega, subrayando que, tenemos desde hace dos años -aunque no he visto evidencias de su desarrollo- nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial para el período 2021-2030, el cual enfatiza que, “para el segundo decenio 2021-2030, se contempla proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, personas con discapacidad y la tercera edad”.

No menos importante será fortalecer la coordinación e integración de iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil del país para garantizar el desarrollo del llamado enfoque de Sistema Seguro que recomienda la ONU en este Decenio de Acción para la seguridad vial 2021-2030, el cual reconoce que el transporte por carretera es un sistema complejo, donde los seres humanos, los vehículos y la infraestructura vial deben interactuar de manera que garantice un alto nivel de seguridad.

Por lo tanto, -parafraseando el Plan de la ONU- nuestro sistema seguro deberá: anticiparse y adaptarse a los errores humanos; incorporar diseños de carreteras que limitan las fuerzas del choque a niveles que estén dentro de la tolerancia humana para evitar muertes o lesiones graves; motivar a quienes diseñan y mantienen las carreteras, y administran programas de seguridad a compartir la responsabilidad de la seguridad con los usuarios de la vía, de modo que cuando ocurre un choque, se busquen soluciones en todo el sistema, en lugar de culpar únicamente al conductor o los peatones; perseguir un compromiso con la mejora proactiva y continua de las carreteras y los vehículos para que todo el sistema sea seguro y no solo los lugares o situaciones donde ocurrieron los últimos accidentes; y, sobre todo, adherirse a la premisa subyacente de que el sistema de transporte no debe producir muertes ni lesiones graves, y que la seguridad no debe verse comprometida por otros factores como el costo o el deseo de tiempos de transporte más rápidos.