Debatir sobre la situación nacional en nuestro país, intentando realizar un inventario de realidades, continúa siendo en Panamá, después de 35 años de la caída de la dictadura, un ejercicio poco común, aún cuando debiera ser tarea cotidiana de los ciudadanos que se preocupan del devenir de nuestra formación social.

En una sociedad, cuyo proceso de transición democrática ha sido más un espejismo que un oasis en medio de un desierto de debates y confrontación de ideas, en abierta competencia con una marea de intereses particulares, en los que Panamá no aparece por ningún lado, es más que inquietante.

Sabido es que, al hablar de democracia y democratización, nos referimos no a un ideal estático, sino que hablamos de un proceso dinámico de participación ciudadana que, día a día, debe ser vivido, compartido y desarrollado. Los acontecimientos por los que ha atravesado la sociedad panameña a lo largo de más de las tres últimas décadas, nos colocan hoy en la antesala de la toma de decisiones trascendentales, las cuales podríamos resumir como el problema central: Paz o violencia; participación o imposición.

Treinta y cinco años después de la invasión, parecen no existir aún las condiciones necesarias para un proceso de democratización dentro de una sociedad que vivió 21 años de espaldas a las libertades democráticas y donde la represión y la corrupción se alimentaron del silencio de quienes optaron por callar. Tomemos un marco de referencia para este inventario de realidades.

Remover los residuos del autoritarismo en todos los planes y niveles: es un requerimiento que queda manifestado en las múltiples vías, al que recurren las sociedades en transición hacia la democracia, para establecer un conjunto de instituciones y prácticas que le permitan avanzar en forma más homogénea hacia los objetivos de las formas democráticas de gobiernos que hayan decidido dotarse.

En este punto, el balance para Panamá continúa siendo negativo. Demasiado poco se ha hecho, desde la invasión a la fecha, para remover los pilones del autoritarismo implantado por la dictadura en todos los niveles. Seguimos con la mismísima constitución que la dictadura militar ideó y confeccionó para sus necesidades autocráticas, autoritarias y totalitarias. Esta actúa, a la vez, como camisa de fuerza y base para que los restos del autoritarismo se impongan al constitucionalismo.

De igual forma siguen vigente las principales normas legales, estatutarias y reglamentarias que el oprobioso régimen de la “caquicracia” fue imponiendo a partir del 11 de octubre de 1968. A la fecha, aún, no se han abierto los canales de una participación real en los asuntos de la administración pública a todos los sectores de la Nación. Al valerse de las estructuras y el contenido del Código Electoral, diseñado por la autocracia, se impide la participación ciudadana y se garantiza al sistema partidocrático poder encaminarse hacia un nuevo autoritarismo.

Se requiere cada día más, una amplia participación de la ciudadanía en los procesos de acciones del gobierno: los cambios de regímenes provocan, espontáneamente en algunos casos, una manifiesta voluntad de participación de grupos ciudadanos que hasta entonces habían optado por mantenerse al margen de la formación de gobierno. De ahí que las exclusividades de corte partidista, resultan hoy cada vez más negativas y son más y más rechazadas por una inmensa mayoría de la opinión pública.

*El autor es abogado y docente universitario
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