Justicia

Cuántas veces hemos exigido en las calles justicia, cuántas veces hemos denunciado que en Panamá existe una justicia para el rico y otra para el pobre, cuántas veces hemos planteado la necesidad de luchar por una sociedad con justicia y equidad social. La justicia es un anhelo del pueblo humilde y trabajador, que está siendo mancillado por el autoritarismo de los gobiernos.

Desde la academia definen la justicia como un principio moral y un valor social que consiste en dar a cada persona lo que le corresponde, mantener el equilibrio y asegurar el respeto a los derechos de todos. Desde la dimensión moral y social hace referencia a dar lo justo, al bien común y a la equidad. Desde la dimensión legal y del derecho está referida al cumplimiento de leyes (aplicar las normas de manera correcta para resolver problemas y proteger los derechos humanos) y a leyes justas (hay que asegurar que las reglas de un país no dañen la dignidad de las personas). La justicia implica la voluntad de proceder de manera objetiva y en beneficio del bien común.

La otra mirada es referente de la justicia social y económica, conceptualizada como un conjunto de reglas morales y éticas que busca dar a todas las personas las mismas oportunidades y un acceso igualitario a los recursos económicos que satisface las necesidades de todos y cada uno los individuos considerados. Su fin principal es que cada ser humano pueda tener lo necesario para vivir con dignidad. En ello se habla de igualdad de oportunidades, salarios justos y apoyo social. En concreto, la justicia es un fin social.

Bajo la realidad que viven los obreros y el movimiento sindical panameño, en especial el Suntracs y Conusi, cabe preguntarse ¿cómo se maneja la justicia en el país? Por ejemplo, el compañero Ariel Rodríguez lleva 8 meses detenido de forma injustificada en la cárcel de máxima seguridad, producto de un gobierno que se ha propuesto aniquilar al movimiento obrero clasista. Al contrario, a la banca envuelta en los escándalos de lavado de dinero y corrupción se les trata como “víctimas” “engañados en su buena fe” (Ver escándalo de créditos fiscales); bancos que con su letra minúscula atropellan a sus clientes, que cierran cuentas siguiendo directrices del gobierno autoritario vulnerando con ello derechos, bancos que se negaron a la moratoria bancaria en el periodo de pandemia, a pesar de todas las canonjías que le entregó el gobierno.

A su vez, con la mayor arrogancia la ministra de trabajo aparece en declaraciones de prensa diciendo que “los síntomas de recuperación económica ya lo sienten la gente”. Señora ministra, la invito a que realice un recorrido en las calles, no en Alicia en el país de las maravillas.

En un rosario de cifras aseguro que la recuperación laboral en el primer semestre 2026 generó “22% de aumento de las contrataciones (174,383 contratos nuevos) y aumento de contratos indefinidos 41 mil y 94 mil definidos”. En noticia del 7 de mayo del 2026, en un medio televisivo, la ministra planteó 87 mil nuevos contratos (en cuatro meses), lo que equivale a decir que en menos de mes y medio se registraron más de 87 mil, las preguntas de los desempleados ¿dónde? ¿para los panameños?

Insiste la ministra en la recuperación laboral, “la tasa de desempleo no es de dos dígitos, el desempleo es de 9.1%.../...Los números no mienten”. Pero si pueden ser manipulados, lo que los economistas llaman el “martilleo de las cifras”. Cuantas veces han disminuido la tasa de desempleo, reduciendo la PEA, o la población que desestimo la búsqueda de trabajo, la historia es larga. Los obreros se preguntan ¿Dónde observará el Observatorio del Mercado Laboral del Mitradel?

Por cierto, en septiembre el Gobierno debe dar cuenta a la OIT por la violación a los derechos laborales y sindicales. Hay que recordar que la OIT ha señalado la asfixia económica contra el Suntracs y el secuestro de las cuotas de los trabajadores como mecanismo de intento de destruir la organización sindical, criminalizar la huelga y encarcelar a los dirigentes es violar los derechos humanos. Frente a ello, le recuerda al Gobierno panameño que defender los derechos no es un delito.

Seguimos en resistencia activa, por la justicia y equidad social.