De bochinches y justicia

R ubén Darío Murgas fue quien un día sabiamente me dijo, ‘Panamá es el único país donde los bochinches son verdad’. Nada más cierto, razón por la cual el periodismo de glosas es tan popular y difícilmente encuentras un panameño que dude de la veracidad de las mismas. En este país de bochinches y bochinchosos es que aparecen ahora las declaraciones de la ex jueza Zulay Rodríguez, hija de un ex procurador general de la Nación y controvertida abogada.

El talón de Aquiles de nuestra democracia ha sido, es y posiblemente siga siendo, la justicia. Un país que se caracteriza por la falta de justicia, donde lamentablemente, como en muchas otras cosas, la justicia parece tener precio. Recuerdo las palabras del entonces presidente Endara al instalar la nueva Corte Suprema de Justicia al reinicio de la democracia en 1990. ‘Una Corte de lujo’, sentenció el presidente. A los pocos años la Corte de lujo caía abatida por escándalos que terminaron inclusive con renuncia de magistrados, despido del procurador general de la Nación y tantas otras cosas que prefiero olvidar. El gobierno siguiente tuvo hasta que aprobar una ley con el nombre del magistrado Faúndes en su esfuerzo por removerlo de la Corte.

El problema de la justicia no nace en la forma como son escogidos los magistrados. Un magistrado ‘de a dedo’ pudiese ser un excelente magistrado, si diese fallos basados en su jurisprudencia y tras sesudo análisis de los expedientes. Pero es harto conocido que los magistrados, en su mayoría, vienen de oficinas privadas con las que mantienen conflictos de interés, además del hecho de que por familiaridad o amistad con abogados tienden a fallar los casos. No hay justificación para ver casos que demoran años en la Corte Suprema, habeas corpus que, según la Ley, deben fallarse en 24 horas y se dilatan semanas o meses, casos que, se dice, se cobra por engavetarlos y dilatarlos.

Ahora Zulay Rodríguez añade una denuncia por la que un magistrado es parte de una conspiración para sacar de su puesto a la procuradora Ana Matilde Gómez, y, peor aun, menciona inclusive su posible participación en investigaciones por fiscales y hasta el hecho de que fiscales pueden haber puesto falsas evidencias para incriminar personas.

¿Qué clase de justicia vivimos en Panamá? Un país donde empezamos a dudar que existan abogados honestos capaces de llegar a la posición más alta del Órgano Judicial para poder servir al país en forma eficiente y honesta. Pero el nivel de corrupción es tal, que a la denuncia de la abogada Rodríguez, la respuesta de un ministro de Estado es que es un bochinche y el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados la reduce a meras especulaciones que no merecen ser investigadas.

Recientemente un amigo me confesaba que, en el caso de su hijo arrestado meses atrás, un abogado le garantiza la libertad a través de ‘un amigo’ del fiscal, que tiene el caso por mil quinientos balboas. Lo peor del caso es que con la actual justicia nuestro mejor consejo fue conseguir el dinero y garantizarle el pago. Si así actúan ciertos fiscales, ¿qué podemos esperar de jueces y magistrados? La pregunta frente a nuestra horrible realidad de injusticias es ¿qué realmente podemos o debemos hacer?

En estos momentos considero imperativo una renuncia total de los magistrados de la Corte Suprema y designar una comisión de notables que recomiende al Ejecutivo los nueve nuevos miembros de la Corte. Seguido de una evaluación del desempeño de los actuales jueces y magistrados superiores para reestructurar todo el Órgano Judicial. Tenemos que tener una oficina que recoja denuncias en forma anónima y sin comprometer al denunciante para dar seguimiento a los casos que fiscales investigan. Tenemos que tener un procedimiento en la Corte Suprema que fije términos al tiempo que puedan demorar los magistrados para absolver temas, desde acoger demandas, recursos o simplemente fallar.

Tenemos que darle más transparencia a la justicia, que los ciudadanos puedan sentir seguridad en la tramitación de sus casos y recursos. No pueden seguir habiendo lecturas de fallos y luego circularlos, para después reclamarlos y cambiarlos tras reuniones con abogados amigos. No podemos seguir aceptando recursos que claramente no tiene cabida en casación, solo por complacer antiguos socios. Como tampoco podemos seguir ordenando arrestos para amedrentar.

Simplemente, no podemos seguir con la justicia que tenemos.

*INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.