La crisis de legitimidad y la salida constituyente (VII)

Mientras la inmensa mayoría de la población panameña no se interesa en la profunda crisis de legitimidad que arrastramos, esta continúa su imparable avance en diversos terrenos.

A la corrupción y la impunidad, sumada la burocracia y falta de empleo, se suma ahora de manera arrogante, la preocupación cotidiana que produce -en todos los hogares-, el altísimo costo de la vida.

“El crecimiento de esta preocupación sugiere que el bienestar económico percibido se está deteriorando y que, para un aparte creciente de la población, el ingreso disponible ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas con la holgura de antes”, afirmaba hace un par de semanas (enero 15 pág. 4A), en este mismo medio, el resultado de un amplio sondeo de opinión.

El descomedido atraso, perpetrado por los sectores dominantes, en renovar y modernizar una real inserción de Panamá en el mercado mundial, al tiempo que han mantenido su régimen político autista y depredador; unas capas medias ilustradas pero ignoradas junto a su peso social en la sociedad, junto a “un sector trabajador cronológicamente joven, que desconoce y rechaza la autoridad de los viejos aparatos políticos y sindicales desprestigiados e incapaces, pujan con fuerza por desembarazarse de las ataduras de un régimen político agotado, caduco e inservible para dirimir los conflictos y exigencias surgidas de los grandes cambios y portentosas transformaciones materiales ocurridas durante los últimos 50 años”.

Se trata entonces de contar con todos los mecanismos necesarios para reorganizar el país entero, sobre bases económicas, políticas y sociales que expresen y recojan, con transparencia, las demandas de las nuevas fuerzas presentes en el escenario social de nuestro Panamá.

En otras palabras, se trata de producir un cambio constitucional esencialmente participativo y democrático, orientado a establecer un nuevo régimen político y una nueva legitimidad.

La primera respuesta a darnos todos es si una nueva Constitución es capaz de resolver los graves problemas que nos aquejan como población, como país, como Estado que ahora somos.

La respuesta es contundente: ¡NO! No hay Constitución que por sí sola pueda transformar la realidad y, por ende, resolver ningún problema. Sabido es, y la historia así lo demuestra que, la realidad no la cambian las leyes ni las constituciones, de la misma firma que las revoluciones no se hacen por decreto. Muy por el contrario, es la realidad la que puede cambiar las constituciones, los regímenes políticos y Estados.

Las constituciones, tal como lo han enseñado, entre nosotros César Quintero, Simeón y Rigoberto González, Humberto Ricord y Carlos Bolívar Pedreschi, son la expresión más o menos deformada de la realidad política y social de una nación. Y cuando el régimen político constitucionalizado no se corresponde con la realidad política y social, entonces, el árbol de la crisis está sembrado y florecerá cuando la sociedad tome conciencia de esa contradicción, lo que ocurre, generalmente, a partir de os acontecimientos más inesperados. Por eso enseñaban los griegos que “hay que estar siempre preparados para lo inesperado”.