La libre competencia es una herramienta para combatir la corrupción

Hay una realidad, y es que la corrupción rara vez viaja sola, casi siempre lo hace de la mano de la colusión. Es decir, los agentes económicos o empresas que forman carteles y pactan precios en secreto y se reparten las licitaciones, necesitando la complicidad de funcionarios para garantizar que sus acuerdos no sean descubiertos.

Este vínculo genera ventajas artificiales que capturan los mercados de forma permanente, ahuyentando a los competidores reales y atrapando los fondos del Estado en manos de un pequeño grupo de contratistas recurrentes. Ante esto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) juega un rol crítico; al perseguir las prácticas monopolísticas absolutas, ejemplo en las licitaciones, que se dan mediante acuerdos y concertación de posturas y precios, o en las abstenciones en ofertar, atacando directamente la raíz y siendo un aliado para combatir la corrupción.

En una economía sana, las empresas prosperan ofreciendo mejores precios y mayor calidad, es la esencia de la libre competencia. Pero cuando la corrupción se normaliza, las reglas del juego pierden su sentido por completo, el mercado deja de premiar al más eficiente y pasa a beneficiar a quien paga o dio la coima o soborno, el cabildeo entre amigos, destruyendo los incentivos para mejorar.

Los datos hablan por sí solos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que las compras del Estado representan, en promedio, más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, tiene un peso fundamental en la economía de un país, lo que obliga a las autoridades de competencia a tomar partido y monitorear el desarrollo recurrente de las licitaciones.

Panamá no es ajeno a esa realidad. Las contrataciones públicas han estado históricamente marcadas por escándalos recurrentes de sobreprecios y abusos generalizados en el uso de adendas que alteran el costo inicial de los proyectos. Casos en sectores sensibles como la infraestructura vial, construcción o remodelación de hospitales, o las compras de insumos médicos y equipos quirúrgicos en el sector salud, demuestran cómo el presupuesto público puede ser blanco de carteles minimizando la competencia y afectando la economía en general.

Frente a este escenario, la solución exige herramientas de mercado eficaces. La propia OCDE ha insistido en la urgencia de derribar los silos institucionales y obligar a que las agencias de competencia y las fiscalías anticorrupción trabajen en conjunto. Cruzar bases de datos a su vez con la Dirección General de Contrataciones Públicas, para detectar patrones de licitaciones manipuladas, detectando alertas o banderas rojas, permite frenar o desmantelar los carteles, dando un aviso de fortaleza interinstitucional.

La corrupción es una falla de mercado, y nos obliga a cambiar de estrategia, robusteciendo las capacidades de fiscalización, mediante la innovación tecnológica (IT) y fortaleciendo las sanciones, frente a proveedores infractores, no son meras medidas técnicas; son el frente preventivo más poderoso para proteger los recursos del Estado, que pertenecen a todos los consumidores.

La Acodeco asegura y protege el proceso de libre competencia económica, así como la libre concurrencia, normada por la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.