Las mentiras tienen patas cortas: el libreto repetido en la Asamblea

En política, hay una regla que nunca falla: las mentiras pueden correr rápido, pero siempre llegan lejos con las patas cortas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el discurso de la diputada Alexandra Brenes, quien ha intentado instalar una narrativa sobre el sistema de albergues en Panamá basada más en percepciones y afirmaciones sin sustento que en evidencia verificable.

Primero, la idea de que los albergues no gubernamentales están en mejores condiciones que los estatales no solo es falsa, sino técnicamente irresponsable. No existe un “sistema paralelo” de albergues privados fuera del Estado. Todos, sin excepción, operan bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La calidad no depende de si la administración es pública o privada, sino del cumplimiento de estándares de protección. Afirmar lo contrario, sin estudios, sin datos y sin metodología, es construir opinión desde el vacío.

Segundo, sostener que existe una “gran cantidad” de irregularidades tras visitar 23 de 48 albergues es, en el mejor de los casos, engañoso. Un recorrido político no sustituye una auditoría técnica. Las verdaderas evaluaciones requieren equipos interdisciplinarios, protocolos rigurosos y levantamiento documental. Sin informes, sin evidencia y sin procesos formales, lo que queda es un señalamiento sin sustancia.

Tercero, insinuar que en un centro convivían adultos con menores sin pruebas verificadas cae en el terreno de la especulación. En el sistema de protección, cualquier situación de ese tipo está claramente regulada y solo ocurre bajo condiciones específicas. Si hay dudas, se investigan; pero denunciar sin pruebas no esclarece, solo confunde.

Cuarto, presentar como irregular el hecho de que no se permitiera una inspección inmediata en un albergue de Panamá Oeste revela desconocimiento, o desinterés, por los protocolos de protección de la niñez. Estos centros resguardan a población vulnerable, con identidad protegida, y requieren autorizaciones previas para cualquier acceso. No es opacidad: es protección.

Quinto, vincular la salida de Ana Fábrega, de la dirección general de la Senniaf, con estas denuncias es simplemente falso. Las decisiones administrativas del Ejecutivo no pueden reducirse a interpretaciones políticas convenientes. Hacerlo es forzar una narrativa que no resiste contraste con los hechos.

Pero hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. La misma diputada que hoy muestra una energía desbordada para cuestionar el sistema de albergues, guarda un silencio llamativo cuando se trata del alto costo de los medicamentos en Panamá. Y no es un detalle menor: su historial vinculado a servicios prestados a empresas farmacéuticas plantea una pregunta legítima sobre la selectividad de sus causas. ¿Por qué tanta vehemencia en un tema y tanta cautela en otro que afecta directamente a miles de panameños?De allí surge una interrogante inevitable, que ya circula en los pasillos políticos y en la opinión pública: ¿estamos ante la “Pinocho de la Asamblea?”. No es un apodo gratuito, sino el reflejo de una práctica peligrosa: exagerar, adelantar conclusiones y construir relatos sin evidencia.

El problema de fondo no es solo una diputada. Es el daño que este tipo de discursos provoca. Cuando se convierten visitas políticas en diagnósticos estructurales sin respaldo técnico, se erosiona la confianza en instituciones clave como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, que tienen la responsabilidad real y compleja, como rectora de la política social del país, de proteger a la niñez.

Porque al final, la verdad puede tardar un poco más en caminar, pero siempre llega. Y cuando lo hace, deja en evidencia que, en política, las mentiras, como siempre, tienen patas cortas.