Si no sirven y los premian: ¿Por qué van a cambiar?

Nuestros actuales partidos son un rotundo fracaso, como lo atestiguan recientes mediciones que evidencian que prácticamente nadie cree en ellos; pero si en lugar de aplicarles las sanciones que merecen son premiados con subsidios y prebendas que han totalizado cientos de millones de recursos públicos, ¿por qué van a cambiar? Lo que ocurre en Panamá es como si a un estudiante vago y fracasado, sus padres lo premiaran con un carro nuevo y encima hasta le dieran una tarjeta de crédito.

Un dirigente defenestrado de uno de los partidos más tradicionales que, aparte de haber gobernado en varias ocasiones, aunque ahora se debata en incertidumbres, ha sido de los más importantes, se ha lamentado públicamente de que el país sufre una crisis de liderazgo político. Su valoración es cierta; pero su propuesta para remediarla, por cuanto parece encubrir una velada aspiración de ser tomado en cuenta para un eventual gobierno “de concordia”, que el mismo propone, además de evadir la principal causa del problema es, como mínimo, sospechosa.

Nuestra Constitución, tal vez como ninguna otra de que se tenga noticia, asigna a los partidos políticos responsabilidades específicas: a) expresar el pluralismo político, b) concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y c) ser instrumentos fundamentales para la participación política; pero sin perjudicar la libre postulación. Los actuales no cumplen ninguna de ellas; pero, además, han hecho todo cuanto han podido para sabotear la eventual competencia de las candidaturas por la libre postulación.

Esas conductas antidemocráticas y reiteradamente violatorias de sus obligaciones constitucionales, debieran ser merecedoras de penalidades acordes; pero en nuestro caso, y contrariando toda lógica, en lugar de ser sancionadas son premiadas con multimillonarios subsidios electorales que han crecido y seguirán creciendo hasta cifras estratosféricas y, como si eso fuera poco, adicionalmente reciben exoneraciones fiscales y otras prebendas que se restan de los recursos públicos y son una afrenta a la pobreza que golpea, cada día y progresivamente, a más amplios sectores de nuestra población.

Después de cada torneo electoral, por acuerdo entre ellos, los triunviros electorales y los representantes de los partidos políticos reanudan el sempiterno ejercicio de proponer reformas al Código Electoral para, supuestamente, “perfeccionarlo y fortalecer nuestra democracia” y, como en ocasiones anteriores, han consumido, en tiempo, un año; y en recursos muchos miles de balboas. Los resultados, como ha ocurrido en el pasado, no pueden ser más desalentadores. Nada, verdaderamente medular hay en el “proyecto consensuado” que será presentado a la Asamblea Nacional, donde, como ha sido la tónica, solo serán manoseadas, objeto de tres o cuatro aspavientos; pero nada más.

Las crónicas que han cubierto las discusiones en la susodicha “Comisión Nacional de Reformas Electorales” dan cuenta de que el tema más importante, los exorbitantes e inconstitucionales subsidios electorales, se mantendrá inalterado y los próximos remontarán los 150 millones. Y si a estos se les suman los presupuestos del Tribunal Electoral, en resumidas cuentas, mantener nuestra caricatura de democracia, por cada ciclo electoral, nos cuesta, por lo bajo, unos 250 millones.

En los próximos días, con la correspondiente fanfarria, los magistrados, concurrirán a la Asamblea para presentar y sustentar el nuevo proyecto de las reformas electorales. Oportuno fuera que en ese momento aclararan aspectos como los siguientes: 1) ¿Cuál es su posición sobre el monto de los subsidios electorales? 2) ¿Cómo justifican que mediante una norma del Código Electoral se haya impuesto al Estado la obligación de contribuir a los gastos electorales, cuando de acuerdo al texto constitucional es opcional que este pueda o no hacerlo? 3) ¿Por qué si los subsidios son para cubrir gastos durante los procesos electorales, estos se pagan durante todos los años que median entre estos? 4) ¿Por qué se sigue patrocinando que Panamá pertenezca a un organismo inservible y costoso como el PARLACEN? 5) ¿Por qué no se han discutido en la susodicha “Comisión de Reformas Electorales” los artículos del Código Electoral que patrocinan y permiten la elección por “mayoría relativa simple”, cuando la Constitución dice que el presidente será elegido “por la mayoría de votos”? O, y como corolario, 6) ¿Cuánto han costado todas las reuniones que, durante todos esos años, pero sin ningún efecto trascendente, ha patrocinado y presidido el Tribunal Electoral?