Lectura del 2022

Llegamos a fin de año, comienzan a plantearse las cifras sobre el crecimiento económico como la panacea del “buen Gobierno”, a pesar de la concentración del mismo en pocas actividades, regiones y manos. Detrás del dato se esconde el accionar de un Gobierno que ha estado de espalda a los intereses del pueblo panameño, clara evidencia “un crecimiento económico que no genera desarrollo humano”.

El hambre impera en miles de panameños, mientras que los altos precios de los bienes y servicios necesarios para la vida son la constante diaria; el desempleo, informalidad y bajos salarios caracteriza al llamado mercado laboral; el año escolar a punto de finalizar arrastra el deterioro de la infraestructura escolar, mientras a colegios oficiales se les corta el suministro de energía; la precariedad en los centros hospitalarios es creciente, mientras trabajadores de la CSS se declaran en huelga de hambre ante los despidos y el atropello de las autoridades; la política ambiental no propenden al desarrollo sostenible, ilegalmente se sigue el extractivismo minero destructor de la naturaleza y de las condiciones de vida saludable, ante un Gobierno sumiso a la transnacional; la basura literalmente se toma las comunidades, frente a la ineficacia de las autoridades que deben atender el tema de salubridad; carreteras, aceras y veredas colapsaron, convirtiéndose en un peligro producto de la desatención de autoridades del MOP y locales. A ello hay que sumar el alto endeudamiento público, las suntuarias prioridades presupuestarias, la galopante corrupción y la impunidad, todos ellos acarrean un alto costo social, al mermar los recursos que deben destinarse a atender las necesidades sociales de la mayoría del pueblo humilde y trabajador.

El tema de la seguridad social, en particular el de pensiones, intenta imponerse bajo la lógica de los grupos proprivatización (empresarios y Gobierno, partidocracia, seudoindependientes) que han venido insistiendo y presionando por la aprobación de dejar la administración de fondos de los asegurados en manos privadas y las medidas paramétricas; es decir, los claros intereses del poder económico. Sin embargo, en la palestra sigue el tema de la retención indebida de las cuotas de los asegurados que no son trasladadas a la Caja, conducta reiterativa de la patronal (empresarios y Gobierno).

En el plano político, a las puertas de un proceso electoral 2024, múltiples han sido las advertencias a los magistrados del Tribunal Electoral sobre las irregularidades en el proceso de firmas de apoyo a las precandidaturas por libre postulación. Para algunos, las candidaturas por la libre postulación, mal llamadas independientes, eran la tabla de salvación de la democracia en entredicho. Pero, desde su surgimiento, han estado rodeadas de numerosas denuncias de prácticas fraudulentas e irregularidades.

Con este Tribunal Electoral y sus magistrados, luego de 25 elecciones en la supuesta era democrática, las cosas en vez de mejorar, empeoran. Si a ello sumamos la serie de escándalos, fallos dudosos, actuaciones cuestionables de los magistrados, fallas del sistema, debemos decir que la credibilidad de la institución está por el piso y arroja un manto de dudas e incertidumbres acerca de la pureza de las elecciones de 2024.

Tal como denuncia Frenadeso, “el Tribunal Electoral y el sistema electoral que tenemos tienen su origen en un pacto de los partidos políticos tras la invasión de 1989, con reglas establecidas para garantizar su dominio y alternancia en el poder. Esto con el patrocinio y complacencia del poder económico, al que han respondido los distintos Gobiernos que se han sucedido y la bendición de Estados Unidos”, agregamos que en esta ocasión, ya la embajadora, cual cónsul plenipotenciario, da revista a todas las instituciones del país, entre ellas al Tribunal Electoral.

Hay que fundar una nueva República. Por eso nuestro llamado al pueblo es a la movilización para hacer respetar los acuerdos de la Mesa Única, defender el derecho a la seguridad social, pero también para crear las condiciones para alcanzar una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para barrer con la desigualdad, las lacras sociales y la podredumbre institucional.