Los bancos no son ningunos santos

El primer banco cerrado en Panamá señalado de lavado de dinero lo fue el Banco Interoceánico de Panamá, S.A. en 1990, de propiedad de colombianos, donde participaban panameños en su directiva: Guillermo Endara, en el momento de su clausura presidente de la República y los exministros de la dictadura militar Jorge Eduardo Ritter (Relaciones Exteriores) y Rodolfo “Popito” Chiari (Gobierno y Justicia). Posteriormente, fueron cerrados otros, algunos hasta de propiedad de capos de cárteles de la droga.

La reciente polémica que tuvo como epicentro la Dirección General de Ingresos (DGI) trae como centro de la operación un banco en particular: Banco de América Central (BAC), que opera en Panamá como BAC Credomatic. Hasta 2021 formó parte del Grupo Aval de Colombia, cuyo fundador y accionista mayoritario es Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los empresarios más ricos de Colombia. Lo descubierto en la DGI se trata de una suma superior a los $40 millones que, a través créditos fiscales fraudulentos, terminaron siendo convertidos a dinero contante y sonante en el BAC.

Si bien el director de la DGI puso la denuncia ante el Ministerio Público y las investigaciones apenas comienzan, ya hubo exoneraciones de culpa hacia el mencionado banco de parte del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman y del Superintendente Bancario Milton Ayon. Irresponsablemente, ya concluyeron que el banco actuó de buena fe y que fue engañado, típica actuación de las autoridades para defender a los bancos e impedir que los mismos siquiera sean investigados. Algunos medios, por igual, se han lanzado a priori a exonerarlos de culpa.

En otros países, los escándalos de lavado de dinero en bancos en el extranjero han hecho mucha bulla. En 2012 el HSBC, que por muchos años estuvo aquí, fue multado con $1,900 millones al tener controles deficientes que facilitaron operaciones de las mafias colombiana y mexicana. El banco más grande de Alemania, el Deustche Bank fue multado con $7,200 millones por el Departamento de Justicia de Estados unidos por vender valores respaldados por hipotecas incobrables. Esa es una de las diversas multas a ese banco que a nivel mundial tiene más de 28 millones de clientes. En 2014, el francés BNP Paribas se hizo acreedor a una de las más altas multas de parte de Estados Unidos: $8,974 millones. Estos tres casos son solo una pequeña muestra de lo que son los grandes bancos y que no denotan el halo de santidad con que algunos los quieren disfrazar.

En el caso de Odebretch, a pesar de que, en los VarelaLeaks, de acuerdo a lo dicho por el mismo presidente Varela, hubo dos bancos en Panamá, Global Bank y Credicorp Bank, que entre ambos habrían lavado más de $800 millones, no se conocen multas impuestas a los bancos como sí ocurrió en Colombia con el Grupo Aval (en ese tiempo propietario del BAC) cuando fue multado con multas de 60 y 80 millones por su relación con el proyecto carretero Ruta del Sol, desarrollado por Odebretch.

En Panamá, en 2017, Odebretch aceptó pagar $220 millones de multa impuesto por el Ministerio Público, cifra que aún no ha terminado de saldar, como compensación a Panamá por el involucramiento en este caso. Otros bancos también fueron mencionados como receptores de coimas de Odebretch: Banco Panamá, Banco General y Multibank.

En mi libro “Dinero Sucio” (editorial Portobelo, 2026. Panamá) hago referencia a las insistentes protestas del presidente Mulino por la cantidad de dinero que se sigue lavando en el país. Los banqueros se han defendido diciendo que la banca panameña es motivo de ejemplo para la banca internacional por “la forma prístina” como maneja sus operaciones. He respondido a esa exculpatoria bancaria, diciéndoles que “esas prácticas” no aparecieron cuando se lavó tanto dinero a raíz del escándalo de Odebretch.

Mientras las autoridades no sean imparciales frente al comportamiento de los bancos y éstos no sean severamente sancionados cuando se les encuentre en algo indebido, la opinión generalizada sobre esa actividad comercial, que tanto afecta hasta al más humilde de los panameños, seguirá siendo negativa. No es un secreto que el lavado de dinero sigue creciendo en Panamá, coincidiendo con las apreciaciones del presidente Mulino.

Por eso, retomando el caso de la DGI, dejen que los fiscales investiguen lo que tienen entre manos. El exculpar a los investigados antes de tiempo tiene nombre y apellido en el Código Penal: Obstrucción de la justicia.