Los Papeles de Panamá

Este título parafrasea el nombre, incorrecto e injusto, que le otorgó una investigación periodística publicada en Alemania en 2016 llamada Panama Papers, sobre documentos pirateados ilegalmente a una próspera firma de abogados panameña, hoy arruinada y bajo persecución judicial local por una práctica más bien común. Recuerda el famoso Scandale de Panama, bautizado con nuestro nombre en Francia en 1893, para denunciar la corrupción de empresarios y políticos en París en la quiebra de la empresa de De Lesseps. Se añadió Pandora Papers, en 2021, con semejantes características difamatorias. Es una manera fácil de encontrar un país culpable, pequeño y distante, de la evasión fiscal practicada por extranjeros ricos, que quieren ocultar sus nombres en sociedades anónimas, poseedores de cuentas bancarias en su mayoría en las grandes capitales financieras internacionales situadas muy lejos de Panamá, en Norteamérica, el Extremo Oriente y en Europa.

Acciones que lesionan la reputación de la República de Panamá y de su economía de servicios internacionales por la integración de nuestro país en listas grises (salimos en octubre 2023) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Acciones que han obligado a gobiernos panameños a tomar medidas que afectan los servicios jurídicos y bancarios de la gran mayoría de usuarios inocentes, para cumplir, todavía parcialmente, con otras potencias desarrolladas donde funcionan bancos con requerimientos más laxos, las cuales acusan a Panamá, calificado en 2009 de “paraíso fiscal” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a 38 países (19,7% de 193 representados en la ONU) y la Unión Europea (UE), de no aplicarlas correctamente. En marzo de 2024 salimos de la lista de alto riesgo de blanqueo de capitales de la UE, mientras que el Parlamento Europeo abrumadoramente no lo aceptó.

En realidad, la Unión Europea establece reglas que no todos cumplen plenamente (como Andorra, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Malta y Chipre) y que tratan de imponer a jurisdicciones extranjeras, a Estados extra europeos que no pertenecen a la OCDE. En junio de 2021 OXFAM International, publicó una lista de los 15 principales paraísos fiscales en donde no aparece Panamá. Sin embargo, no tenemos mucha credibilidad internacional para la OCDE, la EU y el GAFI y somos víctimas también de su hipocresía, de nuestra reiterada ineptitud gubernamental para enfrentar exitosamente el problema y de la corrupción pública estructural que favorece a políticos de alto perfil.

Embajadores extranjeros sostienen que adoptar pronto la ley sobre extinción de dominio de bienes ilícitos, especialmente por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción pública, ayudaría a salir de las malas listas. Entre políticos considerados particularmente corruptos, especialmente incrustados en una Asamblea Nacional que dominan, hay una fuerte resistencia a la adopción de dicha legislación y en particular lo relativo a la fuerte corrupción pública que florece mejor con una Contraloría ausente. Asamblea desprestigiada que está entre las menos transparentes del continente.

Además, la mala reputación de nuestro país la confirmaba un vocero de la embajada estadounidense en marzo de 2023, al decir: “en 2022 Panamá registró graves violaciones a los derechos humanos vinculadas a una ‘discriminación sistemática’ contra comunidades vulnerables, restricciones a la libertad de expresión y falta de independencia del Órgano Judicial...” Añadió que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado “no solo denuncia la falta de condenas penales en casos de alto perfil, sino también afirma que en 2022 la corrupción se extendió como ‘problema grave en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad”. En enero de 2023 Estados Unidos declaró formalmente corruptos a dos expresidentes panameños (Martinelli y Varela). Deplorable imagen negativa de Panamá expuesta por la superpotencia, que muchos panameños comparten, y que al menos incita a una modernización real de nuestro Estado nacional y a un comportamiento más serio y responsable de sus autoridades, lo que contribuiría poderosamente a un respeto mayor de nuestro país por parte de la comunidad internacional.

Abogados muy reconocidos sostienen que nuestro modelo ya está agotado y por pragmatismo debemos cumplir fielmente con las exigencias del GAFI y de la OCDE-UE, mientras que otros, igualmente respetables, creen que esos organismos no tienen intenciones de liberarnos de su persecución y cada vez que cumplimos con un requisito impuesto inventan otros que solo aplican a Panamá.

Mientras, muchos Estados soberanos critican que un grupo minoritario, aunque muy poderoso de naciones (como las del G7 o GAFI y de la UE), se arrogue el derecho de calificar el comportamiento y de imponer sanciones a otros Estados, porque esos miembros de la comunidad internacional tienen sistemas bancarios, jurídicos y fiscales distintos. Propugnan que sea la Organización de Naciones Unidas (ONU) la que adopte decisiones consensuadas y más equilibradas, más justas y respetuosas de la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados. Su Asamblea General por decisión aprobada por amplia mayoría (125 a favor, 48 en contra y 9 abstenciones) en noviembre de 2023 solicitó preparar una Convención Tributaria de la ONU, iniciativa que contaba desde julio con el respaldo del Parlamento Europeo.

Alex Cobham, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal afirmó que “los países tienen que tomar una decisión en la ONU... democratizar las normas fiscales mundiales para que podamos conservar el dinero público que necesitamos para afrontar los retos del futuro”. Solución que queda pendiente, al igual que la modernización del Estado panameño y que esté mejor blindado contra la corrupción, por el gobierno que elijamos en mayo.