• 14/11/2014 01:00

Diálisis peritoneal: tratamiento renal bajo la Lupa

"No es justo, que ocho años después, los mismos médicos de nefrología insistan en volver a masificar el tratamiento de diálisis peritoneal"

Estoy obligado a advertir a los panameños los riesgos sanitarios y a su vida personal que pueden enfrentar los posibles pacientes renales crónicos, que ingresen por primera vez al tratamiento de diálisis peritoneal, si no son bien informados por sus médicos nefrólogos, más allá de los beneficios terapéuticos del tratamiento, sobre el alto riesgo que tiene este tratamiento ante las debilidades del sistema sanitario de apoyo al mismo.

Lo anterior lo puedo sustentar por mi experiencia personal, soy paciente que fue trasplantados de riñón, hoy tengo 12 años en hemodiálisis y también fui paciente de diálisis peritoneal por 11 meses en el método manual (existe otro método automatizado), como mi primera alternativa terapéutica renal, mientras esperaba por un donante de órganos para ser trasplantado en la Caja de Seguro Social.

Durante el Gobierno del presidente Martín Torrijos, el ministro de salud de aquel momento, Camilo Alleyne, lo intentó implementar de manera masiva y como primera alternativa terapéutica renal, por iniciativa de los mismos médicos de nefrología, que laboraban en el sistema de salud público, bajo los argumentos de mejorar los costos de los tratamientos renales (no la vida de su paciente, como prioridad) entre el tratamiento de hemodiálisis con los del tratamiento de peritoneal, los cuales son muy diferentes entre ambas alternativas terapéuticas; con la gran diferencia entre ambos tratamientos, que la hemodiálisis se realiza en un hospital, bajo las mayores condiciones de rigidez de seguridad sanitaria, con asistencia de funcionarios de salud y respuesta inmediata a una urgencia que se le presente al paciente y el tratamiento de peritoneal, la realiza el propio paciente en su casa, bajo su propio riesgo sanitario y personal, porque es asistido solo por su acompañante y con un sistema débil de asistencia sanitaria de urgencia pública, hay una gran diferencia, que debe ser bien comprendida por el futuro PACIENTE.

No es justo, que ocho años después, los mismos médicos de nefrología insistan en volver a masificar el tratamiento de diálisis peritoneal, como la principal alternativa terapéutica renal con sus pacientes, bajo los mismos argumentos antes mencionados, sin haber logrado que el Estado garantice a sus pacientes las condiciones mínimas indispensables sanitarias, que ellos mismos le indican a su paciente en el consultorio, que debe cumplir para evitar una infección que le pueda causar hasta la muerte; y digo esto porque, responsablemente como PACIENTE con experiencia en el tratamiento, he conversado con estos funcionarios de salud renal, con el director de la Comisión de Salud de la junta directiva de la CSS, sobre los riesgos a la vida de un PACIENTE en el tratamiento de peritoneal, sino cuenta con todo el soporte sanitario del Estado (insumos, asistencia social permanente), adecuación residencial (cuarto totalmente aséptico, con acondicionador de aire) de un nivel medio educativo (ante los riesgos de ser autofuncionarios de salud), para evitar riesgo en su tratamiento y, por último, garantía sanitaria de contar con un respaldo de funcionarios de salud renal de un cuarto de urgencia cerca de su área de residencia, para cubrir la urgencia sanitaria, que tenga que enfrentar durante su tratamiento en su residencia, conociendo que contará con pocas horas de tiempo, para evitar su fallecimiento, ante el nivel de afectación infecciosa que presente.

Los PACIENTES renales, no hemos encontrado en los POLÍTICOS que dirigen la salud pública, la voluntad de comprender la experiencia en vida que le informamos los pacientes renales, para evitar una nueva tragedia masiva en nuestro país, luego no haya responsabilidad alguna por ningún médico o funcionario administrativo que lo autoriza y que respalda este error sanitario renal, que se puede evitar en nuestro sistema público.

Panameños, no hay otra alternativa, deben informarse y negarse a ser inducidos a este tratamiento renal, sin las suficientes garantías sanitarias y sociales, que el Estado debe dar y que permitan evitar un riesgo a su propia vida, por la ausencia de capacidad sanitaria gubernamental de responder a las necesidades indispensables sanitarias de este tratamiento.

Salud y Dios los bendiga.

*ACTIVISTA SOCIAL.

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