‘Voto por fulano porque es mi amigo'

La actividad desarrollada el pasado primero de julio en la Asamblea Nacional fue un acto constitucional normal de nuestra organización política y, por tanto, no debería llamar la atención especial de la ciudadanía, excepto el poder celebrar el ambiente de paz que permitió llevarlo a cabo con propiedad. No implica ello que no existan insatisfacciones populares ni demandas sociales ni aspiraciones pendientes, todo lo cual resulta natural en una sociedad alerta y consciente de sus derechos.

Los resultados de las votaciones para elegir la Junta Directiva de la organización que ha de dirigir ese Órgano por los próximos doce meses fueron los esperados. Nada extraordinario. Era evidente que, ante la ausencia del dominio de un solo partido político, ninguno de ellos por sí solo podría decidir el resultado. De modo que era evidente que una alianza que cruzara líneas políticas partidarias sería necesaria para lograr la mayoría. Si la alianza que se forjó resulta positiva, si ayuda o no ayuda a los grupos políticos aliados, o si solamente facilita una eficiente labor legislativa sin repercusiones en la imagen o labor partidaria fuera de la Asamblea, son asuntos sobre lo cual solamente cabe especular. Solo resta esperar el desarrollo de las energías políticas en el futuro inmediato. Pero pienso que los riesgos han sido debidamente sopesados por los líderes políticos de cada bancada.

¿Qué ventajas existen de corto plazo frente a cualquier riesgo posible de mediano o largo plazo? ¿Qué significa lograr el control o, por lo menos, una influencia razonable sobre la Junta Directiva de la Asamblea?

El Reglamento Orgánico de la Asamblea, que determina su régimen interno, le señala diez funciones específicas a la Junta Directiva. Algunas son puramente protocolares, como velar por el mejoramiento de la biblioteca del Órgano o reglamentar los descuentos que merecerían los diputados que se ausenten sin justificación, sanción que aparentemente nunca se cumple. Pero existen algunas otras funciones particularmente interesantes: preparar el orden del día de las sesiones plenarias, es decir, fijar la prioridad de los proyectos de ley a discutir; aprobar el proyecto de presupuesto de la institución, facultad que no poseen respecto del Presupuesto Nacional; y la administración de recursos humanos, es decir, el nombramiento de los funcionarios del Legislativo.

Las dos últimas son de gran interés para el resto de los diputados, pues determina el tamaño del pote de recursos económicos que estarán disponibles a los honorables diputados en cada año fiscal para construir edificios, aumentar planillas, disponer de viáticos y pasajes al exterior y, hasta ahora, otorgar donaciones.

La primera, sin embargo, es de primordial interés para los dos restantes Poderes del Estado porque de esa facultad depende que aquellos proyectos de ley que les interesen a ellos sean considerados con la premura deseable o sean postergados a segunda, tercera, cuarta o peor posición, con el fin de forzar a alguna negociación con los otros Poderes. En un sistema ideal esas probables negociaciones, inspiradas en el bienestar común, podrían ser normales en un Estado genuinamente republicano, pero lamentablemente en nuestro ambiente criollo ellas siempre han de levantar suspicacias sobre aspiraciones muy particulares de los negociadores.

Llamó especial atención el primero de julio pasado la razón tan comúnmente esgrimida por muchos diputados cuando anunciaron sus votos cual medalla al mérito de su candidato: ‘Es mi amigo'. Hubiese querido escuchar, en cambio, sobre sus virtudes personales: honesto, trabajador, estudioso, leal, preocupado por los problemas de la nación y no por las donaciones que pueda entregar sin control ni rendición de cuentas. ¿Qué tiene que hacer la amistad con una genuina función legislativa?

EXDIPUTADA