Mineras, alianzas y elecciones

Nuestro país está actualmente agrupado en su mayoría rechazando el Contrato por la explotación de sus recursos minerales, entiéndase que no solo se trata del cobre, sino de otros minerales valiosos, inclusive de las aguas de sus ríos y producción de energía térmica para provecho de estas empresas letales, ya que las mismas degeneran los recursos naturales, atentando directamente contra la vida humana. Esta lucha no empezó ahora que se ha mediatizado, sino por décadas de representaciones y voces que vienen denunciando le efectos nocivos directos sobre nuestra biodiversidad en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos, Colón y en Chiriquí, donde se intentó iniciar la actividad, pero debido a las protestas de los hermanos originarios y violenta represión gubernamental la política extractivista fue abandonada. Las exposiciones en la Asamblea Nacional por organizaciones que han explicado la nocividad de esta actividad económica con datos científicos han sido receptadas por la ciudadanía, pero desechadas por los personeros del hemiciclo que son también beneficiados por estas empresas mortíferas.

Los exponentes a favor, como Severo Sousa de Apede, nos llama ignorantes por aducir, señalar que en las áreas “in situ” existe un enclave tipo el que ejerció en el siglo pasado los Estados Unidos en la antigua zona del Canal; de paso le citamos la significación de enclave según la Real Academia de la Lengua: Territorio incluido en otro CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, geográficas. Lo resaltado es nuestro, para la comprensión del dirigente empresarial. Prueba de este sometimiento territorial a esta empresa explotadora de minerales son el delineamiento político territorial creado para favorecer el tránsito y disponibilidad de la empresa en su industria sin ser perturbada su actividad, además como señaló el fraile Franciscano René Flores, sacerdote misionero en la comunidad de La Pintada en Coclé, los residentes para movilizarse deben contar con un permiso de la empresa minera, para el desplazamiento físico de los moradores del área, situación nunca antes vista denunciada en entrevista por este medio a este hombre religioso, quien vive en el área mencionada. Esta prerrogativa es inconstitucional por coartar la libertad de movimiento, misma que fue facilitada a esta empresa aniquiladora por los órganos Ejecutivo y Legislativo, con la participación y permisibilidad legal de otras instituciones estatales que omiten las políticas públicas correctas estructuradas para evitar estos desastres ecológicos, dándole la característica colonialista a esta transnacional, aunado al dominio del espacio aéreo de las extensiones de territorio otorgadas indebidamente a estas tóxicas empresas. El pueblo en su mayoría está informado.

Lo que tenemos que aclarar desde nuestro análisis es el apoyo sospechoso de grupos que se desgarran por la eliminación del Contrato Minero, esto se debe a que dentro de sus exigencias solicitan la moratoria, que no es más que la estrategia jurídica para que una vez no se apruebe este criminal contrato entren a licitar nuevas concesiones otras empresas que esperan y acechan el momento oportuno para involucrarse como nuevos jugadores de esta venenosa actividad.

Mientras las organizaciones desprendidas de las conexiones con la partidocracia, luchan a diario por manifestarse y oponerse digna, moral y estoicamente contra la aprobación de este contrato, fallado ante la Corte Suprema de Justicia como inconstitucional, los candidatos a la Presidencia por los partidos políticos y algunos que se hacen llamar independientes, tranzan sus uniones, anexiones o alianzas electoreras para los repetidos comicios posinvasión con sus ya conocidas fórmulas matemáticas electoreras y sus vistos resultados del 30 % de un electorado ausente, abstencionista e indiferente, hastiados de la misma clase política electoral oportunista. Su poca participación o tibias declaraciones en cuanto a este álgido tema obedece a la vinculación de estas empresas como principales donantes de campañas, de la mano de los acaparadores de riquezas y el narcotráfico, que cuentan con el aval de la Ley Electoral, con el financiamiento privado no se inmutan por expresar su oposición a esta manifiesta actividad ponzoñosa, mientras otro aprovecha la coyuntura para oponerse rotundamente, pese a que participó como parte de Gobierno promotor de la minería, es una posición meramente mediática.

El vínculo existente entre la minería en nuestro país con la clase política, medios y nuevos apostadores a la explotación minera es evidente y su repercusión inmediata es aprobar dicho contrato, con el afán de asegurar sus candidaturas bien financiadas a puestos de elección popular dominación de los donantes de campañas.

Reiteramos que está en juego nuestra soberanía, oponernos con hidalguía a este fatal contrato y rechazar la moratoria nos reafirma nuestro histórico nacionalismo y que también tomemos en cuenta la inminente propuesta de erradicar la participación de estos nefastos patrocinadores de campañas políticas, como sensata e incisiva propuesta del Movimiento Independiente Nacionalista (MINA), a través de un Foro Constitucional Electoral para elegir y ser elegido libremente en elecciones democráticas porque las venideras no lo son. ¡Acción!