Ministerio de la Mujer: una conquista que no puede retroceder

Durante más de treinta años, mujeres panameñas han librado una batalla incansable por la igualdad de derechos. Fruto de ese esfuerzo colectivo nació el Ministerio de la Mujer, una institución construida desde consensos y necesidades reales, no desde improvisaciones políticas. Su creación representa el reconocimiento —por parte del Estado— de que la justicia social no puede alcanzarse ignorando la mitad de la población.

Para lograr esta entidad en la estructura máxima del Estado, se llevaron a cabo una serie de pasos, para luego crearse el Ministerio de la Mujer. No ha habido una entidad que haya pasado por más tipos de entidades que esta. Es decir, está muy lejos de ser una improvisación, como con poca información, señala el presidente de la República.

A pesar de su rol esencial, este ministerio ha sido sistemáticamente marginado en términos presupuestarios. Irónicamente, es el único encargado de atender integralmente a las mujeres en todo su ciclo vital: desde la infancia hasta la vida adulta. Esta labor requiere personal profesional especializado: psicología, trabajo social, derecho, conducción, administración. Sin estos equipos, la atención y prevención frente a diversas formas de violencia y discriminación se ven seriamente limitadas.

Recientemente fuimos testigos del doble discurso del presidente, que en su conferencia semanal del pasado jueves 10 de julio comentó que una de las razones de la degradación de un ministerio a una secretaria u otra forma, es la contención del gasto público, mientras protege estructuras con presupuestos desproporcionados, evidencia que su política no responde a las verdaderas necesidades de la población.

Las cifras hablan por sí solas. Conforme al Presupuesto General del Estado, el Ministerio de la Mujer cuenta con un presupuesto para el año fiscal de B/.11.450.911 (once millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos once balboas). Mientras tanto, el Ministerio de la Presidencia opera con B/.200.003,012 (doscientos millones tres mil doce balboas), aunque sus funciones son duplicadas por otras entidades como el Ministerio de Seguridad Pública, la Procuraduría de la Administración y el Ministerio de Gobierno. El contraste es brutal: el Ministerio de la Mujer sí transforma vidas; el de la Presidencia, difícilmente, puede justificar su impacto directo en la ciudadanía.

Frente a la violencia machista contra las mujeres que no cesa de incrementar, el aumento de infecciones de transmisión sexual en niñas desde los diez años, el desempleo juvenil femenino y el abandono de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, con discapacidad y en situación de pobreza, el Ministerio de la Mujer constituye el único espacio institucional con capacidad de respuesta articulada. Su rol no puede ni debe diluirse en discusiones administrativas.

Elevar su rango dentro del Consejo de Gabinete fue un paso necesario para que las demandas de millones de mujeres ingresen al espacio donde se toman las decisiones más relevantes del país, lo cual no ocurriría ni con un Instituto, una Secretaría, ni mucho menos con un Viceministerio.

Más aún, este ministerio encabeza una transformación cultural indispensable. Promueve el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, en una sociedad aún profundamente machista que las empuja a vivir en condiciones de subordinación y de pérdida de autonomía física, económica, mental y emocional. Sin una política pública que construya entornos solidarios desde la niñez, la desigualdad seguirá reproduciéndose generación tras generación.

Además, la existencia del Ministerio de la Mujer es clave para fortalecer la presencia de Panamá ante organismos internacionales y multilaterales, quienes observan con atención el compromiso real de los Estados en materia de igualdad de género. Sin una entidad ministerial dedicada exclusivamente a los derechos de las mujeres, el país pierde capacidad de interlocución, representación y acceso a cooperación técnica y financiera. El desmantelamiento o debilitamiento de esta institución no solo retrocede en términos de derechos humanos de las mujeres, para la atención de las necesidades planteadas, sino que aísla a Panamá de espacios globales donde se define el rumbo de las políticas públicas más avanzadas en derechos humanos.

El Ministerio de la Mujer no es un gasto. Es una urgencia. Es absurdo que el presidente, su equipo de asesores y quienes dirigen la reestructuración del Estado – todos hombres – estén señalando de forma unidireccional el cierre del Ministerio, y no, por el contrario, el incremento de la inversión en una entidad que responde a una necesidad que fue atendida de manera tardía. La existencia y permanencia del Ministerio de la Mujer es la manifestación concreta de un Estado que decide —o no— comprometerse con la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, las adolescentes y las mujeres panameñas.