Negación de justicia

En Estados Unidos es común el lema “Sin justicia, no hay paz”, empleado por Martin Luther King en las acciones contra la violencia y el racismo. Expresa que la paz social solo puede existir cuando se respetan los derechos humanos y se busca un sistema justo. Por su parte, San Agustín manifestó “Sin justicia, ¿qué otra cosa es el Estado sino una banda de ladrones?”.

El principio de “Sin justicia independiente, no hay Estado de Derecho”, que significa que los jueces deben trabajar en forma independiente e imparcial, para resolver los problemas jurídicos, es violentado en Panamá.

La justicia es la base de la equidad y respeto a los derechos humanos. La negación de la justicia niega los derechos humanos, esta es la conducta asumida por el gobierno empresarial de Mulino, quién se expresa y actúa con odio hacia el movimiento sindical, en especial al SUNTRACS.

Los hechos son evidentes. El 17 de septiembre nuestro compañero Jaime Caballero cumplió cuatro meses de estar injustamente detenido en una cárcel de máxima seguridad, sin haber sido juzgado ni condenado. La Corte Suprema de Justicia rechaza recurso interpuesto por el SUNTRACS contra la Caja de Ahorros por el cierre ilegal de las cuentas bancarias del sindicato.

Mientras tanto acusados de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos solo se les impone reportarse dos veces al mes. “Justicia selectiva”.

Esta negación de justicia es aberrante, ha llegado al extremo. En horas de la noche del viernes 12, en un vehículo no oficial, sin mediar comunicación alguna a los socios de la cooperativa del SUNTRACS, sin que sea definitiva la liquidación de la cooperativa puesto que está pendiente una demanda ante la CSJ, la “junta liquidadora”, conformada ilegalmente, procedió a llevarse los bienes. IPACOOP debe responder por este extraño e ilegal proceder. Los accionistas no tienen ninguna garantía, máxime cuando a uno de los integrantes de la junta liquidadora su idoneidad fue suspendida por la CSJ al infringir el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. Este proceder es otra de las embestidas del Gobierno para “reducir al SUNTRACS a su mínima expresión”.

No cabe duda de que aprovecharan también para proteger los intereses del sector financiero (bancos y financieras), catalogadas por Mulino como la columna vertebral de la economía, que ven al cooperativismo como competencia. El Gobierno ha manifestado que están en la mira unas noventa cooperativas. ¿Qué pretenden? Acaso acabar con el cooperativismo, quedarse con sus bienes y dineros.

Este accionar de autoritarismo contra el SUNTRACS y el movimiento social está acompañado del lawfare o guerra jurídica. Se refiere al mecanismo que se utiliza para referirse al uso político del sistema legal con el objetivo de perseguir, inhabilitar o sancionar a miembros de la oposición política, dándoles a estas acciones una fachada de legitimidad. Buscas neutralizar u obstaculizar el surgimiento o avance de alguna fuerza política concreta, liderada por individuos específicos, marginándolos de la esfera política y social.

SUNTRACS presentó este domingo el documental “Lawfare en Panamá” que revela cómo ha sido utilizado para intentar frenar el accionar del sindicato más grande del país, “estos señores van a sentir todo el peso de mi gobierno” (Mullino). Es un mecanismo que busca abrumar a líderes de izquierda y figuras políticas, con un sinfín de causas judiciales, penales, civiles y administrativas con el fin de quebrar estos dirigentes económica, política y moralmente. Es el uso de la ley como un arma, es el modo en que se usa el aparato judicial y el mediático para perseguir al enemigo político, como otro que hay que destruir.

Para llevar a cabo el lawfare se requiere la colaboración de al menos tres actores fundamentales: aparato judicial que se eleva por encima de los demás poderes del Estado, prensa hegemónica que manipula la opinión pública con relatos de corrupción y el sector público-privado estadounidense que actúa de manera directa o indirecta. A SUNTRACS le han armado acusaciones falsas para intentar descalificarlos y cerrar el sindicato, dado su accionar de lucha y defensa de los derechos humanos y la democracia.

Es esta ausencia de justicia y su estrategia de lawfare lo que mantiene a Panamá en la lista de los 24 países más violadores de los derechos y libertades sindicales.