¿Negociado con medicamentos?

Hace poco, en Chitré, el director general de la CSS, Estivenson Girón, reiteró que la licitación para la compra de los medicamentos se hará conforme aprobara la institución; solo que ahora de manera fraccionada, desconociendo las advertencias de la Contraloría, la Procuraduría de la Administración y del Ministerio de Salud, dado que violaría la Ley 1 de 10 de enero de 2001. La división de materia o fraccionamiento, que no es más que una burda maniobra para burlar la Contraloría, no parece preocuparle; ‘Techos de esperanza', debió parecerle solo una percepción.

En La Estrella de Panamá , del lunes 25 de enero 2016, el viceministro de Salud expresó: ‘Hay un decreto de agosto de 2007, dirigido hacia los medicamentos biotecnológicos, en el que se establece que estas drogas requieren un estudio especial. Y probablemente, a partir de allí, podemos admitir la condición que ponen para la licitación'. Pregunto: ¿Será que asesoría legal de ambas instituciones tendrán dificultades? Alguien debería aclararles que la fuerza de las normas legales varía de acuerdo a su origen; siendo la Constitución Nacional la Ley suprema de la Nación; de modo que un decreto jamás podrá prevalecer sobre una ley y mucho menos una resolución, como la tristemente célebre Resolución 271 de 10 de septiembre 2013, mamotreto que un asesor legal logró imponer, para que una empresa que carecía de licencia de operación suministrara el fatídico veneno llamado dietilenglicol, que causara la catástrofe que jamás debió ocurrir.

A todo esto, el distinguido asesor también desconoció el informe de una auditoría de calidad al que fuera sometido el laboratorio de fabricación de medicamentos, mismo que arrojó un resultado de 32.76 %. Lo que indicaba, claramente, que el mismo no reunía los requisitos mínimos necesarios para ser certificado por ‘buenas prácticas de fabricación'. Informe que motivó al director nacional de Compras y Abastos a consultar a Asesoría Legal, ya que la empresa Medicom y otras no tenían licencia de operación. Es decir, que no cumplían con el mínimo legal de buenas prácticas comerciales.

De violentar la Ley 1 y autorizar las restricciones tantas veces advertidas, la primera consecuencia será el desabastecimiento, porque a nadie sorprendería que las empresas que cuentan con sus respectivos Registros Sanitarios impugnaran el proceso.

Si bien en el servicio público debe prevalecer la idoneidad y el deber de cuidado, habitualmente son funcionarios sin el perfil requerido quienes además, con frecuencia optan por torcer las leyes para fines distintos a los propios de su esfera de competencia. El presidente se comprometió a combatir la corrupción y exigió transparencia; la auditoría forense integral de la CSS sería una excelente oportunidad; además porque la actual administración tampoco parece interesada en una gestión responsable... Si no se persiguen fines distintos, ¿por qué la insistencia en violentar la ley; acaso alguien pretende ventajas secundarias o algún negociado? ¿Usted qué opina?

MÉDICO