¿Un país de congos?

Desde hace algunos meses en mis intervenciones radiales en W Radio he venido insistiendo, en broma y en serio, que somos un país de congos. Entendiendo el término como aquella actitud del individuo tonto o bobo que deja que abusen de su ingenuidad, tranquilidad y hasta bondad.

Evidentemente, siempre me refiero a todas aquellas situaciones que ocurren en el Estado y en las cuales siento que los gobernantes abusan de la nobleza de los gobernados. Dicho abuso deriva no solo en los hechos ocurridos, sino también en que ellos saben que nosotros no vamos a reaccionar más allá de la queja o el malestar que generan las acciones y/o decisiones tomadas.

En estas últimas semanas me han llamado la atención dos hechos un tanto más relevantes que otros, a saber: el cambio de director de la Policía Nacional y la pérdida del acuerdo con la Unión Europea para la exportación de productos no tradicionales hacia ese continente.

Justamente, el fin de semana que coincidió con las inundaciones en Bocas del Toro y Chiriquí y el viaje del presidente a España, el jefe del Ejecutivo decidió sustituir al director de la Policía, Jaime Ruiz, por Francisco Troya. No se trata de que el mandatario le pida permiso a los gobernados por las decisiones para las cuales está facultado tomar; de lo que se trata es de que la sociedad tiene derecho a saber si es que hubo o no algún problema en la institución que le obligara a ejecutar dicha rotación. El nombramiento del primer uniformado como jefe policial generó mucho cuestionamiento político y legal y resulta que ese primer militar nombrado tan solo duró unos meses y fue sustituido por otro profesional de las armas ¿por qué?

De otra parte, el diario La Prensa publicó esta semana que producto de lo que pudiera ser calificado una negligencia inexcusable nuestro país perdió la oportunidad de renovar un acuerdo especial que permite exportar productos no tradicionales a la Unión Europea. Resulta que por la irresponsabilidad de un grupo de funcionarios en la Cancillería, el Ministerio de Comercio e Industrias y en la Embajada de Panamá en Bélgica agricultores y exportadores no podrán hacer lo propio, porque simplemente los servidores públicos responsables no llenaron un formulario para renovar el acuerdo. Esa casi estupidez nos costará a los contribuyentes varias decenas de millones de dólares, porque ahora el gobierno tiene que buscar fórmulas para indemnizar a los afectados.

Ni en un caso, ni en el otro los gobernantes consideran que los gobernados tenemos derecho a saber qué pasó y por qué. Más grave que eso, como buenos congos no exigimos dichas explicaciones, no hay protesta alguna todo es una pasividad tan impresionante, que me preocupa que el día menos pensado llegue a su límite y vaya usted a saber cómo estalla.

En un sistema democrático como el nuestro la válvula del ciudadano para protestar, para requerir información es justamente el Órgano Legislativo, porque tiene la representatividad necesaria y es al que le corresponde hacerle contrapeso al Ejecutivo. ¿Ha escuchado usted alguna citación a algún ministro de Estado para que por lo menos explique algunos de estos y otros casos? Por supuesto que no, porque los diputados consideran que ellos actúan en función de sus partidos políticos y no de sus electores.

Pero al final, ¿por qué habría que darle explicaciones a los congos, si estos no la piden o no se la merecen?

-El autor es analista político.ecabrera@wpanama.com