Los proscritos de la escuela en Panamá

Vamos a poner ahora a nuestros lectores en presencia de algunos hechos graves que vienen persistiendo en la interpretación de la economía social panameña; hechos que ya, en diversas ocasiones, hemos denunciado y sobre los cuales no hemos de fatigarnos en insistir.

Existen actualmente en Panamá 200 000 niños en edad escolar que no pueden asistir a la escuela ni recibir educación de ninguna naturaleza, porque el Estado no les proporciona medio ninguno para ello. Esta cifra representa la tercera parte de la población infantil de la República; lo cual quiere decir que solo dos terceras partes de los niños panameños pueden recibir la educación elemental (básica general).

Estos cientos de niños que no pueden asistir a la escuela, porque no hay escuelas suficientes, vegetan diseminados por campos, comarcas y aldeas, abandonados a la acción de la cultura espontánea y forman la base de la población rural (campesina) y proletaria de la República; es el pueblo mismo de Panamá, cuyo índice de analfabetismo es del (12 o 15 %).

Existen en todo el territorio nacional 3379 escuelas elementales que alcanzan a acoger un número de 114 776 niños; es decir, que serían necesarias 7000 escuelas sobre las existentes, para recibir toda la población en edad escolar. Estos datos son los que arroja la estadística oficial de 2015, sin tener en cuenta los Territorios indígenas Escolares, en los cuales la situación reviste aún mayor gravedad.

Ante esta verdad estadística, reveladora de un hecho de suma delicadeza para cualquier pueblo que tenga una mediana conciencia, no ya únicamente de su dignidad como agrupación humana sino de sus intereses positivos inmediatos, ocurre preguntar si el Estado está cumpliendo sus deberes fundamentales para con el pueblo.

El Estado, y no ya el Estado intervencionista, sino el Estado concebido en su interpretación más elemental y menos compleja, el Estado tutelar de los intereses sociales, el Estado, garantía de un mínimo de prosperidad colectiva, ha tenido y tiene en todos los países y en el concepto de todos los estadistas de los últimos siglos, un deber primordial, al cual no pueden renunciar sin desvirtuar la esencia misma de sus funciones. Ese deber es el de suministrar gratuitamente a todos los individuos que lo constituyen una educación elemental (básica general).

Todo puede ser propuesto por el Estado: la construcción de caminos y carreteras, la edificación de palacios, el mantenimiento mismo de universidades y establecimientos de enseñanza media; todo, salvo lo que se refiere a la organización de las rentas, a la seguridad interior y exterior y a la enseñanza elemental o básica general. Si para un padre de familia existe una obligación fundamental que es la de colocar a sus hijos en estado de ganarse por sí mismos su subsistencia y si, a esa obligación lo sacrifica todo, inclusive la posibilidad de un lucro inmediato, si ese lucro es incompatible con aquel deber, así para el Estado existe una obligación primaria que consiste en colocar a cada futuro ciudadano en posesión de sus propias facultades mentales.

La igualdad de posibilidades para el progreso se logra mediante la generalización de la educación elemental, condición indispensable de toda democracia. No existe democracia allí donde esta igualdad de posibilidades no sea evidente. Al denunciar el caso estadístico que niega esta igualdad, agregamos un hecho probatorio más, de perturbadora claridad, al aserto de que hemos venido viviendo bajo la égida de una ficción democrática.

En este caso no solo existe un hecho que es la negación de la democracia sino que ese mismo hecho es la confirmación de la más persistente de las injusticias sociales; la fuente de todas las demás injusticias subsiguientes, porque, consagrada la desigualdad de posibilidades para el progreso, se fomenta la desproporción de las fortunas, el desequilibrio de la capacidad adquisitiva humana, y, con ello, la explotación de la ignorancia y la lucha de clases.

Quien quiera que, con fundamento sociológico, pretenda buscar la explicación de una posible revolución social en Panamá, la hallará en 200 000 niños campesinos exilados de la escuela, lo que en los tiempos actuales quiere decir proscritos de la vida.

PEDAGOGO, ESCRITOR Y DIPLOMÁTICO.