Algo más que revólver, pito y tolete

Con el tiempo descubrimos que los principales problemas que percibe la opinión pública constituyen un símbolo de época, un indicador que condensa los conflictos sociales que imperan en la sociedad en un momento de su historia. En efecto, sería posible rememorar nuestro pasado reciente a través de la evolución de estos problemas. En los años 70 fue la inestabilidad institucional, el deterioro moral y la crisis de valores; a principios de los 80 fue primeramente la narcodictadura, y luego la violencia política; y en los 90 imperó el desaprovechamiento de las oportunidades y la falta de empleo.

Con el nuevo siglo se instaló la inseguridad, un problema que hoy en día es tan acuciante como la pobreza o la corrupción, y que afecta la vida cotidiana de la gran mayoría de los habitantes. No debe extrañar entonces que el tema de la seguridad ocupe un lugar central en la agenda actual del Gobierno. Y está bien que así sea. No por obvio es menos cierto; los políticos deben ocuparse de los problemas de la gente. Ahora bien, llama la atención que muchas de las propuestas que se escuchan para solucionar el problema de la inseguridad desconozcan (o simulen desconocer) el diagnóstico que realiza la opinión pública sobre las causas que la originan.

Este diagnóstico es más complejo de lo que podría imaginarse y desnuda los principales conflictos que hoy vivimos los panameños. La opinión pública reconoce tres causas de la inseguridad, causas interdependientes y con efectos convergentes. En primer lugar, la grave situación social. La imposibilidad de cubrir necesidades básicas de trabajo, salud, alimentos, vivienda y educación empuja a individuos de los sectores más desprotegidos de la sociedad a robar, a cometer delitos contra las personas y las propiedades. La desprotección social genera las condiciones perfectas para la inscripción de jóvenes en pandillas y la aparición de delitos violentos, que es más el síntoma de una sociedad que se disuelve que un problema en sí mismo. A su vez, esta curva de aprendizaje lleva al delito organizado o complejo (narcotráfico, contrabando, robo de banco), que es típicamente criminal. En este razonamiento, todo delito merece su castigo, pero, en este caso, se sostiene que el castigo por el castigo mismo no es la solución, porque no lo evita ni erradica.

La segunda causa de inseguridad es, para la opinión pública, la Policía misma. La imagen negativa de los estamentos de seguridad se funda en la extendida creencia de que dichas instituciones carecen de voluntad para combatir el delito, porque de hecho forman parte de él. Dos frases, obtenidas en algunos foros de pensamiento, resultan ilustrativas: “ Si te roban, seguro que el guardia o agente está detrás ”, o bien: “ si un policía se te acerca en la calle es porque tiene hambre.. y algo quiere ”. La ineficacia de la Policía no se relaciona tanto con la escasez de recursos materiales —que puede ser real— como con una cultura institucional viciada y ajena a la misión social que le corresponde cumplir. En este razonamiento no existe el problema del huevo o la gallina. Para combatir el delito primero hay que adoptar una política de cero tolerancia y cambiar a la Policía, y para graficarlo se traza un paralelismo que vale la pena subrayar: se pide que la Policía haga lo mismo que se le pide a la Iglesia con los curas pederastas, que reconozca sus culpas, se depure y adopte una nueva actitud, que se transforme en una institución al servicio de la comunidad.

La tercera causa de la inseguridad es un Estado ausente, que en este tema se traduce en la incapacidad de controlar al crimen organizado y de promover el cambio cultural dentro de las fuerzas de seguridad, que permita la elaboración de una estrategia que devuelva la paz al ciudadano corriente. La mano dura o la mano suave no son una solución; tampoco lo es la construcción de nuevas cárceles o la habilitación de la isla penal de Coiba. Muy lejos estaríamos de lograr el objetivo si lo que perseguimos es la resocialización del recluso. Al crimen hay que ganarle con inteligencia o, mejor dicho, contrainteligencia. Y esa es una demanda de la población hacia el Estado en su conjunto y no hacia un ministerio de seguridad en particular. Confundir esta demanda ha sido y es el origen de muchos malentendidos. Algunos la interpretan como el regreso al militarismo, otros como otorgarles permiso a los gringos para instalar sus bases navales o, incluso, algunos la ven como que el Gobierno está “ tirando la toalla ”. Lo cierto es que una Policía Nacional sin rumbo genera más temor e inseguridad en la gente, porque se percibe como una mole sujeta al mejor postor o a la mordida fácil.

La sociedad demanda una solución integral e inteligente al problema de la inseguridad, e intuye que solo será posible con mayor bienestar social, fuerzas de seguridad confiables y eficaces, y un Estado activo y responsable, con capacidad de cumplir y hacer cumplir la letra y el espíritu de las leyes. Cómo se logra, es un problema de quienes gobiernan o aspiran a gobernar. La opinión pública, en tanto expresión mayoritaria de los ciudadanos, no prescribe cursos de acción, no le dice a quienes implementan políticas públicas qué hacer, cómo o cuándo. Pero en ésta, como en tantas otras situaciones, comprender los climas de opinión imperantes permitirá a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, tomar las mejores decisiones en beneficio de todos.

*Empresario.lifeblends@cableonda.net