• 07/06/2020 11:03

Pobreza, hambre, enfermedades y muerte

Sencillamente, porque el 75% de los jubilados perciben pensiones de menos de quinientos balboas (B/.500.00) y su inmensa mayoría están “engrapados” en préstamos de por vida

“Un lugar donde puedan pasar sus últimos días con dignidad”. La anterior oración que se le atribuye al ministro de Obras Públicas, no solo es desafortunada, sino que se ha convertido en una triste realidad. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del sistema hospitalario panameño, constituyen -para a inmensa mayoría de los que allí ingresan, particularmente, las personas de la tercera edad- el lobby del viaje inexorable al Hades (morada de los muertos).

Siete (7) de cada 10 fallecidos de un total de 370 (viernes 5 de junio), según el parte médico, es por causa de la COVID-19, sin embargo, el gobierno de la República Panamá, es el “autor intelectual” de dichas muertes por no adoptar las medidas preventivas a objeto de salvaguardar la vida de los “viejos” en Panamá conforme lo establece la Constitución Política, los Convenios Internacionales y demás leyes pertinentes del Estado.

Sencillamente, porque el 75% de los jubilados perciben pensiones de menos de quinientos balboas (B/.500.00) y su inmensa mayoría están “engrapados” en préstamos de por vida, que les deja un saldo neto menor al de la canasta básica de alimentos; una buena parte de ellos padecen enfermedades crónicas, pasan hambre para poder comprar los medicamentos que no se los provee en su totalidad la CSS. El “buen gobierno” –al inicio de la epidemia en Panamá- conocía esta realidad y se negó a adoptar las previsiones necesarias para que este grupo etario más vulnerable pudiera -“con dignidad” y sin hambre- permanecer en sus hogares.

Los jubilados y pensionados a pesar de su debilidad, porque la mayoría sufre de enfermedades crónicas, es obligado – por las circunstancias de POBREZA, HAMBRE y ENFERMEDADES en que viven- a exponerse diariamente en largas filas en cajeros automáticos, supermercados y policlínicas; en búsqueda de su mísera pensión, de “cuatro latitas” que apenas alcanzan a comprar, y en el rastreo de los medicamentos porque la entrega de medicinas a domicilio, anunciada por el director de la CSS, fue otro de sus “chistes de mal gusto”, o sea, ¡Paparrucha!

Ya, el Proyecto de Ley 287 aprobado por la Asamblea Nacional a finales de la Segunda Legislatura, del Primer Periodo Legislativo, establecía la suspensión de descuentos bancarios y de las Financieras a objeto de “apalancar” los disminuidos ingresos de los venerables ancianos, pero como se sabe, fue vetado parcialmente por el Presidente de la República.

Confiamos en que el Órgano Ejecutivo, convoque, en los próximos días, las Sesiones Extraordinaria de la Asamblea Nacional e incluya en la agenda de Proyectos, la discusión del Proyecto de Ley 287 y el mismo sea adecuado de tal manera que los veteranos no tengan la necesidad y obligación de “ir a pasar sus últimos días, con dignidad”, en la antesala –UCI- de la muerte. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.
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