Los puertos son actores claves en la economía panameña

Hace 25 años Panamá no existía en el mapa portuario regional, mucho menos mundial. Su movimiento de carga era de unos 200,000 contenedores al año. Esa cifra se ha multiplicado hasta alcanzar cerca de ocho millones de trasbordos de contenedores anualmente.   

Con visión de largo plazo y para darle mayor valor al bien estratégico del Estado panameño, a mediados de la década de 1990 el gobierno dio en concesión varios puertos en el área canalera, tanto en el Pacífico, como en el Atlántico. El resultado ha sido promisorio por la presencia de una variada gama de gigantes portuarios que operan las terminales en ambas riberas de la vía interoceánica.  

Cinco puertos tienen cuatro concesionarias. El enorme conglomerado Evergreen, de Taiwán, opera Colon Container Terminal. Tiene como vecino a Manzanillo International Terminal, que maneja SSA Marine, de Estados Unidos. También en el Atlántico, el puerto Cristóbal fue concesionado a Cristobal-Panama Ports Company (PPC), del conglomerado Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, que igualmente opera el puerto Balboa, en el Pacífico. En esa ribera del Canal el puerto Rodman, fue concesionado a PSA de Singapur.  

Todas esas grandes empresas de la industria marítima mundial fueron atraídas a Panamá por la oferta envidiable de su posición geográfica, un Canal con planes de ampliación –culminados en el 2016- y el desafío de convertir al país en el centro de trasbordo de contenedores más importante de América Latina.  

La inversión extranjera es el mayor signo de confianza que pueda demostrarse a una nación. Así lo expresaron empresas pioneras como PPC que han contribuido activamente al desarrollo integral del país, más allá de los aspectos portuarios. Han sido 25 años, unidos a Panamá.  

En ese sentido, resulta incuestionable la reciente certificación emitida por la CGR -con ocho décadas como la máxima instancia fiscalizadora del Estado- sobre “el cumplimiento de las obligaciones contractuales sustanciales” por parte del operador portuario PPC.   

Un equipo técnico multidisciplinario, en el que participó el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Portuaria de Panamá, realizó la auditoría in situ, en las instalaciones portuarias concesionadas a PPC. 

La auditoría de la CGR, hecha pública a través de los medios de comunicación, reveló cifras interesantes que revisten mayor significado porque provienen de una institución de tanto prestigio como autoridad.  

Hay tres datos que merecen ser destacados. De acuerdo a la auditoria de la CGR, el Estado panameño recibió $444.9 millones en los últimos 24 años como parte de los ingresos de facturación por movimiento de contenedores y dividendos. Eso echa por tierra el recurrente comentario erróneo de que PPC solo ha aportado al Estado $8 millones en los años que tiene de operar el puerto Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico.  

Otro aspecto, es que el concesionario PPC pagó al Estado panameño, de acuerdo a los términos del contrato de concesión, $102 millones por una infraestructura portuaria que no cumplía con las especificaciones para el trasbordo de contenedores y hubo que demolerla.   

La auditoría de la CGR reveló, al mismo tiempo, que las inversiones realizadas por PPC fueron superiores a $1,695 millones, por encima de los $1,000 millones establecidos en el contrato inicial.   

Los resultados arrojados por la auditoria reafirman el compromiso pleno de PPC de contribuir activamente con el desarrollo de Panamá. En contraprestación, espera que el Estado garantice la seguridad jurídica a su inversión, lo cual es de extrema importancia para atraer inversión extranjera cuando el país más lo necesita. 

Por otro lado, la empresa portuaria se refirió a la renovación automática del contrato de concesión. De acuerdo a lo pactado en el contrato, la concesión otorgada a PPC tiene una duración de 25 años y se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años, bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas las obligaciones básicas.   

El contrato expira después del segundo periodo de 25 años de concesión y todas las instalaciones y facilidades dentro de los puertos pasarán a propiedad del Estado panameño, lo cual dejará un activo al país superior a $1,000 millones.         

La experiencia ha demostrado que las concesionarias portuarias, incluido PPC, han contribuido como un factor determinante para convertir a Panamá en el principal  hub marítimo latinoamericano y un centro logístico de ranking mundial.