Quince años de transformación del Sistema Penal Acusatorio

En septiembre, Panamá conmemora tres lustros de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, SPA por sus siglas, un hito legal consagrado formalmente mediante la Ley 63 de 2008 que transformó de manera radical la administración de justicia penal en el territorio nacional. Aquel cambio estructural, concebido para enterrar el inquisitivo, lento y obsoleto sistema escrito, prometía una justicia transparente, rápida, expedita y respetuosa de los derechos humanos y las garantías fundamentales.

Hoy, es necesario hacer un diagnóstico de estos 15 años, al llegar a la etapa de su desarrollo examinando con franqueza sus aciertos y desaciertos, reconociendo que el modelo navega hoy entre logros indiscutibles y de mejoras en la justicia penal.

Entre las luces del sistema destaca la oralidad, la inmediación y la celeridad procesal en casos de flagrancia. Las audiencias públicas y trasparentes devolvieron a la ciudadanía la posibilidad de entender como se administra justicia penal, desterrando la famosa reserva del sumario en los procesos inquisitivos y dignifico la figura del procesado bajo el principio de presunción de inocencia, racionalizando el uso de la detención provisional a través de los jueces de garantías e incorporando métodos alternos de resolución de conflictos que descongestionan los despachos en delitos de menor gravedad.

Sin embargo, también las sombras se han proyectado con un incremento exponencial de la criminalidad organizada y aumento de violencia. Hay casos de homicidios que han puesto a prueba la resiliencia del modelo. El principal talón de Aquiles ha sido convertir el sistema puramente reactivo y burocrático, que puede ocasionar una saturación de las causas judiciales y el colapso de los despachos, si no se cuenta con las herramientas tecnológicas y periciales para realizar las investigaciones en tiempo oportuno. Es fundamental analizar los casos de alto impacto social que deambulan por un laberinto de recursos dilatorios y el abuso de los conflictos menores que pueden resolverse en fases tempranas de la investigación.

Es incuestionable los esfuerzos que realiza el Ministerio Público y el Órgano Judicial por agilizar el sistema, no obstante lo anterior hace falta un instituto de investigación criminal especializado con mayor cantidad de especialistas forenses, criminólogos, psiquíatras, trabajadores sociales y una policía especializada más avanzada, para tener los resultados periciales con mayor rapidez, considerando que el crimen organizado ya trasciende fronteras y se necesita una policía transnacional y cooperación internacional más fluida con un instituto de medicina legal moderno, eficiente y eficaz.

Un error histórico ha sido creer que el Sistema Penal Acusatorio, por sí solo resuelve el problema de la criminalidad, cuando un proceso penal ágil es apenas el vehículo procesal, por tanto resulta imperativo comprender que la justicia penal no puede operar de espaldas a una política criminológica integral y una política de persecución penal efectiva como parte de las prioridades del Estado.

Políticas que, principalmente la criminológica que actualmente es la Ley 328 de octubre de 2022, deben marchar de manera paralela y articulada, sirviendo como timón estratégico que anticipe, analice y, de manera preventiva, analice las causas del delito, articulando la labor policial, la prevención social y la reinserción penitenciaria con una persecución penal efectiva e inteligente por parte del Ministerio Público.

Es necesario un incremento sustancial en el presupuesto destinado al sector de justicia. No se trata de inyectar fondos para contratar personal administrativo o funcionarios -que probablemente se necesita personal idóneo en secciones técnicas-, sino de financiar una política criminológica y de persecución criminal efectiva, dotando al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y a los brazos de investigación policial de tecnología de punta, laboratorios idóneos y herramientas de inteligencia financiera capaces de contrarrestar el crimen organizado.

Reconocemos y felicitamos los esfuerzos del Ministerio Público y el Órgano Judicial en el décimo quinto aniversario del Sistema Penal Acusatorio, pero es necesario fortalecer el SPA; y esto exige un pacto nacional que blinde a la justicia y permita mejorar la seguridad ciudadana que es un clamor de todos, porque al dotar a los operadores de justicia de los recursos necesarios y consolidando un verdadera política criminológica paralela, el sistema podrá continuar su objetivo inicial por un buen camino con una justicia rápida, confiable y expedita, garante de los derechos fundamentales y de la paz social que anhelamos todos los panameños.