Reconstruir después del terremoto: casas nuevas y comunidades resilientes

El anuncio del presidente José Raúl Mulino de acelerar la construcción de 2,700 viviendas para las familias damnificadas por el terremoto representa una oportunidad para demostrar que la respuesta a una emergencia puede ir más allá de reponer lo perdido y contribuir a construir comunidades más seguras y resilientes.

La diferencia no es semántica. Construir rápidamente un determinado número de casas puede resolver una necesidad inmediata, pero reconstruir comunidades exige planificación, seguridad estructural, servicios básicos, recuperación económica y participación ciudadana. El desafío consiste en atender la emergencia sin reproducir las vulnerabilidades que contribuyeron a sus consecuencias.

La prioridad es construir viviendas seguras, habitables y adecuadas para cada familia, sin sacrificar la calidad ni los controles técnicos por la urgencia. Las obras deben cumplir las normas de construcción sismorresistente, utilizar materiales de calidad, contar con cimentaciones apropiadas y estar sujetas a supervisión profesional durante todas sus etapas.

Antes de construir, es indispensable evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas de los terrenos, para evitar nuevos asentamientos en zonas vulnerables. Cuando los riesgos no puedan mitigarse razonablemente, deberá considerarse la reubicación de las familias.

Los diseños estandarizados pueden reducir costos y acelerar la ejecución, pero deben adaptarse al tamaño y las necesidades de cada hogar. La selección de los terrenos también debe considerar su accesibilidad y las condiciones necesarias para una vida digna.

La respuesta oficial contempla mecanismos financieros de emergencia para agilizar las obras. Sin embargo, la ciudadanía necesita conocer el presupuesto consolidado de la reconstrucción, las fuentes de financiamiento y los costos de las viviendas nuevas, las reparaciones y las intervenciones complementarias. Dada la magnitud de la inversión prevista para las 2,700 viviendas, es indispensable publicar los contratos, las empresas adjudicatarias, los precios, las especificaciones técnicas, los plazos y las condiciones de pago, así como los criterios de selección de beneficiarios y adjudicación de las viviendas.

Los fideicomisos y la contratación excepcional pueden acelerar la respuesta, pero requieren fiscalización rigurosa. Los desembolsos deben vincularse a avances verificables, inspecciones técnicas y controles de la Contraloría. La transparencia no obstaculiza la reconstrucción: garantiza que cada balboa invertido produzca soluciones habitacionales seguras, dignas y duraderas.

La respuesta al terremoto debe ir más allá de las viviendas y contribuir a recuperar las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las familias.

Para ello, es necesario evaluar los daños en escuelas, establecimientos de salud, caminos, sistemas de agua potable y actividades económicas, incluido el turismo.

Es recomendable que el Gobierno articule la reconstrucción con una estrategia integral que defina prioridades, responsabilidades, presupuesto, plazos e indicadores públicos de cumplimiento. Esta debe contemplar la reparación segura de viviendas, la reubicación cuando existan riesgos no mitigables, el restablecimiento de los servicios esenciales y la participación comunitaria.

Asimismo, debe fortalecer la gestión del riesgo mediante mejores prácticas constructivas, ordenamiento territorial y preparación ante futuros desastres, aprovechando la reconstrucción para generar empleo y capacidades locales.

El Gobierno tiene ante sí una responsabilidad inmediata: ofrecer soluciones oportunas a las familias que perdieron sus hogares. Pero también tiene la oportunidad de demostrar que Panamá puede transformar una emergencia en una inversión duradera en seguridad y bienestar.

Para ello, propongo establecer un mecanismo público de seguimiento que informe periódicamente sobre las viviendas programadas, construidas y reparadas, los recursos presupuestados y ejecutados, las familias beneficiadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los servicios básicos.

Estos resultados deben presentarse de manera desglosada por provincia y comunidad, para comprobar que la asistencia llega efectivamente a quienes más la necesitan. Asimismo, las familias deben disponer de canales para denunciar irregularidades y reclamar la corrección de defectos constructivos.

La reconstrucción no termina cuando se entrega una llave. Termina cuando las familias pueden habitar sus viviendas con seguridad, recuperar sus actividades cotidianas y mirar el futuro con mayor confianza.

El terremoto nos recuerda que la vulnerabilidad de una comunidad no depende únicamente de la intensidad de una amenaza natural, sino también de las condiciones en que viven las personas, la calidad de sus viviendas, la disponibilidad de servicios esenciales y la capacidad de las instituciones para protegerlas.

No perdamos esta oportunidad. Construyamos las viviendas que necesitan las familias damnificadas, pero hagámoslo con seguridad, equidad y transparencia. Y aprovechemos la reconstrucción para avanzar hacia comunidades mejor preparadas, con infraestructuras más resistentes y servicios capaces de mantener su funcionamiento ante futuras emergencias. Porque el verdadero éxito no será solamente construir 2,700 casas. Será conseguir que miles de familias recuperen un hogar digno y seguro, y que nuestras comunidades estén mejor preparadas para enfrentar escenarios de crisis futuros.