Seguridad alimenticia regulada

Una de las funciones vitales estatales es garantizar la vida de los ciudadanos, esto es la Salud, la Alimentación, la Seguridad. La disponibilidad y acceso a los alimentos. Esto es poder comer a un precio que la gente pueda pagar. Es queja nacional que la comida, aun la de la canasta básica, ha aumentado a un costo que la población ya no puede pagar.

Es una Urgencia— Constitucionalmente el Gobierno puede y debe actuar para resolver esa situación. La desnutrición causa enfermedades, mortalidad infantil y la muerte.

El asunto es complejo de múltiples aristas que participan de este problema: de producción agropecuaria, económicas, financieras, culturales, de la cadena de producción, distribución, mercadeo, etc. El poder adquisitivo, los sueldos, el valor de la moneda, el comercio todo influye. Pero aparte del rol de los productores, intermediarios y promotores, fundamentalmente es el Estado el que tiene la obligación de resolver esta situación.

En forma pragmática y efectiva lo único real que puede y ha resuelto este flagelo ha sido la Regulación de los Precios. Es sabido que internacionalmente la política neoliberal globalizante, privatizadora, salvaje de libertad de precios sujetos a la oferta y la demanda se opone a todo tipo de controles e impone su criterio como condiciones para préstamos internacionales, clasificaciones de inversión, aranceles, intereses, etc.

En estas épocas, desde 1989 hasta 1994, existió en el país un control de precios creado a consecuencia del desastre económico nacional general en que nos dejó la dictadura militar, y fue mantenido hasta esa fecha por la firmeza de un gabinete comprometido con el pueblo, que, a pesar de las terribles presiones internacionales, supo frenar todos los intentos privatizadores y de libre explotación, tanto de la empresa privada local como de la banca transnacional. Lucha permanente de proyección social, que mantuvo enfrentamientos internos para mantener una política económica de justicia social. Científica y valiente fue la actitud de varios ministros y del Ejecutivo por varios años para sostener esta conducta que garantizaba la nutrición de la población. Posteriormente a esa fecha y sujeto a las necesidades económicas del momento, a las nuevas leyes sobre el Canal, se variaron las condiciones y se efectuaron cambios, incluyendo de funcionarios y estrategias que fueron eliminando los controles, y luego vino el incremento de los precios al consumidor. Hecho que se ha mantenido provocando alzas lentas, pero permanentes de la canasta básica alimenticia.

Junto a esta drásticas medida deben ir los mecanismos de favorecer a los productores en sus objetivo de producir a menor costo: investigación científica, créditos blandos a largo plazo, apoyo técnico de campo, facilidades de importación de insumos, asesoría de mercadeo, mercados populares, mecanismos de distribución modernos y todas las medidas precisas para lograr el objetivo de producir más y que llegue al consumidor a un precio accesible, incluyendo los subsidios. En los países desarrollados y capitalistas todas estas prácticas, se dan inclusive los subsidios, que se convierten en una competencia desleal, cuando ellos objetan que nuestros países también subsidien directa o indirectamente. Naturalmente algunas líneas de importación y algunos rubros de producción local pueden verse afectados y justamente corresponde al Estado lograr abastecer el consumo brindando las soluciones indicadas y necesarias para lograr el objetivo.

La organización de defensa del consumidor ha informado públicamente los mecanismos posibles para regular los precios dentro de las reglamentaciones actuales, inclusive de la OMC. El objetivo no es frenar la producción ni deteriorar la economía de los productores. Hay que evitar que cese la producción y aparezca el contrabando o el mercado negro. Pero tratándose de alimentos es preciso y urgente tomar las acciones pertinentes.

Regular los precios con fórmulas en que participen productores y distribuidores, naturalmente evitando que algún empresario ajeno a su función social pretenda acaparar, imponer precios artificiales, el oligopolio o ganancias explotadoras de las limitaciones circunstanciales. NO hacerlo es atentar contra la salud pública y la seguridad social. La ACODECO es la llamada a hacer los estudios técnicos sobre precios y temas relacionados; sin embargo, son los productores e importadores los que dan los parámetros básicos aparte de cifras complementarias que encarecen aún más los costos.

Las leyes y reglamentaciones al respecto están establecidas y al final es el Ejecutivo el que toma las decisiones. Es decir, es la filosofía, estrategias y criterios del gobierno lo que fija la política de precios. Pese al crecimiento económico del país, este está sectorizado y gran parte de la ciudadanía no participa de ese beneficio. Un hecho concreto es que la población penitenciaria y el número de pandilleros aumenta, lo que es una evidente contradicción. Una serie de factores que afectan los precios han disminuido y fluctúan, pero nunca se reflejan en disminución de los precios. Los economistas y empresarios deliberan, pero el que tiene hambre es el consumidor, que son los dueños del país, son los que votan. Antes de ir al hospital o al cementerio, los pueblos van a la calle. Las hambrunas no se controlan con cemento y mucho menos con balas. La regulación armónica de precios puede que no sea simpática para los comerciantes y supermercados, pero es un mecanismo urgente y real para un Panamá Mejor en que todos vivamos bien.

—Utilice un lenguaje digno de Ud.

—En memoria del Dr. Harry Eno, filántropo.

MÉDICO Y EXMINISTRO DE ESTADO.