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En un comunicado, la empresa Panama Ports Company (PPC) asegura que quien no piensa como ella “no se apega a las constancias fácticas, contables y jurídicas”. Por la importancia del tema, y en aras de mantener un nivel adecuado del debate, voy a ser escueto y directo en mis comentarios a ese comunicado. Aun así, debo recordar que el respeto es una condición de reciprocidad y, por lo tanto, donde una de las partes incumple esa correspondencia, la otra puede y debe exigir que se hagan las aclaraciones necesarias, para evitar que la opinión pública sea expuesta a comentarios amañados, engañosos y falsos. Este es el único motivo de estas líneas.
PPC esgrime como carta de cumplimiento la auditoría realizada recientemente por la Contraloría General de la República (CGR), hecha pública en una conferencia de prensa, donde al final quedaron más preguntas que respuestas. PPC resalta la revisión integral y los criterios objetivos que formaron parte del trabajo de la CGR. Al respecto nos preguntamos: ¿cómo se puede obtener ese informe?, ¿quiénes formaron parte de ese equipo de evaluación multidisciplinario?, ¿cuál fue la metodología utilizada?, ¿existió alguna asesoría internacional para asegurar la experticia y los conocimientos para realizar este tipo de auditoría, altamente técnica y especializada?
PPC indica que la empresa recibió los recintos portuarios de Balboa y Cristóbal con infraestructura inapropiada para el manejo de contenedores. Este reiterado argumento de la empresa, que nos hace sentir a los panameños casi culpables, ignora que ambos recintos portuarios se licitaron “como estaban”, en condiciones heredadas de los norteamericanos y algo mejoradas por las administraciones portuarias desde octubre de 1979 hasta 1997. Es cierto que mucha de la infraestructura en esos puertos tuvo que ser demolida para reemplazarla por instalaciones adecuadas para el manejo de contenedores, pero decir que en esos puertos solo se manejaba carga general y que la infraestructura no tenía valor alguno resulta, además de una mentira, un despropósito.
Así PPC desconoce el valor económico del calado que ya existía en ambos puertos por estar dentro de las aguas del Canal; con canales de acceso de profundidad apropiada; con adecuada infraestructura terrestre; con servicios públicos suficientes y confiables; y la posición privilegiada con relación a las entradas del Canal. Por otro lado, afirmar que en esos puertos no se manejaban contenedores es una simple falsedad, ya que entre 1990 y 1997, año de la concesión, se movieron en ambos puertos casi un (1) millón de contenedores.
Adscribirse como mérito de la empresa las inversiones realizadas y los pagos a Panamá en los últimos 24 años, es equivalente a celebrar que en ese mismo periodo el Estado ha mantenido libres de costo y sin obstáculos los accesos a ambos puertos. En ambos casos se trata del cumplimiento del contrato de concesión. El pago a Panamá, de casi quinientos millones en gastos, es una muestra del sano resultado de las operaciones. La inversión de mil setecientos millones, una cifra superior a lo pactado, solo refleja que el negocio creció, fue lo suficientemente rentable como para absorber nuevas mejoras y ampliaciones y que dichas inversiones se financiaron con los dividendos correspondientes en parte a la República de Panamá, como socio de la empresa.
Sería interesante que PPC nos mostrara cómo su Junta Directiva sometió año tras año a la consideración de los socios accionistas la propuesta de no pagar dividendos y reinvertir las ganancias en el negocio, y cómo los representantes del Estado panameño, de las diferentes administraciones en estos cinco lustros, reaccionaron y apoyaron esa infame decisión.
Nadie puede escatimar a PPC haber sido un factor en el fortalecimiento y consolidación de Panamá como un “hub” marítimo y logístico de talla mundial. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura portuaria en nuestro país bajo el concepto de “un puerto, dos océanos”; el crecimiento del comercio mundial con la presencia de China; el mayor uso de contenedores para mover la carga; la ampliación del Canal, una administración exitosa bajo responsabilidad panameña y una mayor oferta de opciones portuarias y servicios complementarios competitivos, son en conjunto las razones del crecimiento y éxito de Panamá en el ámbito marítimo durante los últimos 25 años.
A la sombra de la pandemia, “la renovación automática” parece ser un hecho, parece estar pactada. La fórmula: cancelar dividendos dejados de pagar en el pasado y adelantar ganancias proyectadas a futuro. Para la empresa, esto será la continuación de una historia plagada de privilegios, incumplimientos y mentiras. Para el Gobierno actual, débil y desgastado en su imagen, esta será una transacción oscura y cuestionada, que tiene el riesgo de acarrear la responsabilidad que se asigna a los mercaderes de la patria.