Solvencia moral y legitimidad del próximo Gobierno

Faltando 56 días para las elecciones, le dedico esta entrega a argumentar sobre la necesidad de buscar la suficiente solvencia moral entre los candidatos y -como consecuencia de dicha cualidad- la legitimidad de él o ella para gobernar el país en el próximo quinquenio.

Advierto además que si se cumplen los vaticinios, quien gane las elecciones lo hará con el 25 o 30 por ciento de los votos favorables del electorado, lo cual dificultará fuertemente la legitimidad para gobernarnos, pues -al margen de las alianzas que lleve a cabo- el 75% de los panameños no lo querremos en el Palacio de las Garzas.

Dicho lo anterior, los panameños debemos comenzar analizando la integridad ética y la fiabilidad de los candidatos y el partido político que los respalda, buscando la coherencia entre los valores proclamados y las acciones reales, así como el compromiso -demostrado- de actuar de manera justa, honesta y responsable.

Ahora bien, analizar la solvencia moral de un político es un proceso complejo y subjetivo, ya que implica evaluar su comportamiento, acciones y decisiones a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo?

Comencemos examinando el historial del político en cuestión. Busquemos información y opiniones de fuentes diversas -incluyendo medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, académicos y ciudadanos- sobre su trayectoria política, su participación en eventos públicos, declaraciones en medios de comunicación, votaciones y acciones relevantes que haya tomado durante su carrera. Fundamental será observar la transparencia y la honestidad del político en su comunicación con nosotros y en su gestión de asuntos políticos. ¿Ha sido transparente sobre sus acciones, decisiones y financiamiento?

Pero lo más importante en mi opinión -porque la mayoría de los aspirantes ya han sido o son gobierno- , será evaluar cómo el político ha ejercido el poder cuando ha estado en cargos públicos. Examinemos si ha respetado los derechos civiles y humanos, si ha combatido la corrupción y si ha trabajado en beneficio del interés público. Y no menos importante, será investigar su carrera profesional antes de ingresar a la política y verificar si ha estado involucrado en actividades o negocios cuestionables.

El asunto de la legitimidad es otra cosa, pues implica la aceptación y reconocimiento por parte de la población y la comunidad internacional de que un gobierno tiene el derecho moral y legal para gobernar. Como es obvio, esta percepción de legitimidad es crucial para la estabilidad y el funcionamiento efectivo de nuestro próximo gobierno, ya que afecta la disposición de los ciudadanos y las entidades a seguir las leyes y directivas del gobierno.

De acuerdo con los politólogos, esta legitimidad se construye y mantiene a través de varios factores y procesos: Lo primero es que el gobierno haya llegado al poder a través de elecciones libres y justas, siguiendo las reglas y procedimientos establecidos por la constitución y las leyes del país. Aunque esto es fundamental, tiene sus bemoles para nosotros, pues aquí no hay segunda vuelta y -como señalé al inicio- es muy probable que seamos gobernados por un grupo que, en el mejor de los casos, tendrá el 30% de la aprobación del electorado.

No menos importante es que desarrollemos los mecanismos legales para evaluar periódicamente al gobierno, considerando la opción de revocar el mandato de cualquier funcionario electo, pues la legitimidad es dinámica y puede cambiar con el tiempo debido a las acciones del gobierno, los cambios en la opinión pública, o alteraciones en el contexto internacional.

En todo caso, mantener la legitimidad requiere un esfuerzo constante por parte del gobierno para cumplir con los principios de legalidad, justicia, eficacia, consentimiento popular, la percepción internacional y el reconocimiento por parte de otros estados y organizaciones internacionales; asegurando así su capacidad para gobernar de manera efectiva y pacífica. Es obligatorio para nosotros estar pendientes de ese desempeño y ejercer nuestro derecho de controlar la gestión pública.

Finalmente está el espinoso asunto -para nosotros- de la legitimidad popular, manifestada por el apoyo y aceptación de la ciudadanía hacia el gobierno. Un gobierno electo legalmente con el 30% de los votos puede enfrentar desafíos en términos de legitimidad popular, lo que puede traducirse en dificultades para gobernar efectivamente.

En ese contexto, deberemos estar vigilantes de la capacidad del gobierno para formar alianzas efectivas, y negociar con otras fuerzas políticas para el cumplimiento de, por lo menos tres condiciones: (i) la capacidad para responder de manera efectiva a las demandas y necesidades de la población. Por ejemplo su capacidad para abordar problemas como la pobreza, el desempleo, la seguridad, la salud y la educación: (ii) la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas del gobierno ante la población. La falta de transparencia y la percepción de corrupción erosionan la confianza del público en las instituciones gubernamentales y (iii) el fomento del diálogo y la participación ciudadana en la toma de decisiones, involucrando a toda la población en la formulación de políticas y la resolución de problemas.