Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
En 1947, el paleontólogo norteamericano Alexander Wetmore, de visita en Panamá, al observar la deforestación en la región de Azuero debido a la ganadería extensiva, hizo una predicción: “Van a tener una crisis del agua”. Sesenta años después se cumplió.
Ahora, “el gobierno que apoya a la empresa privada y a nadie más”, basado en un “memorando de entendimiento” con Israel, decidió resolver el problema con un reservorio multipropósito en La Pitaloza, en un área de entre 600 y 700 hectáreas, y una presa de unos 400 metros de largo, a un costo estimado en $980 millones.
El propósito es convertir el agua en mercancía y usarla de instrumento financiero en los contratos de derecho de uso y explotación del agua que se negocian en la bolsa de valores, política coherente con las conclusiones del Banco Interamericano de Desarrollo: “el agua en Panamá tiene un valor económico y geoestratégico idéntico al del petróleo en los países del Golfo; el problema real es la gobernanza y la solución exige financiamiento e inversión privada obligatoria”.
La asesoría israelí afirma: “la mejora del sistema hídrico requiere tiempo, infraestructura y cambios en la gestión”; ya cuentan con “la ley” de las Alianzas Público-Privadas, y en la Asamblea, donde procesan las recetas que dispone el capital financiero (FMI, BM, etc.), ya adelantan proyectos para la corporativización, con financiamiento e inversión privada obligatoria, porque “lo que está en juego es la seguridad del sistema financiero”.
Los conocedores del tema saben que lo racional y pertinente es reforestar y preservar los bosques de galería; interrumpir el ciclo de contaminación con las actividades agrícolas y pecuarias y asegurar el saneamiento; incluso estiman que el área aproximada es de 750 hectáreas y que, a un costo promedio de $3,000 por hectárea, significaría cerca de $2.5 millones o sea que sobrarían recursos para establecer programas de educación sanitaria y garantizar que todo hogar disponga de agua potable intradomiciliaria.
La ONU (Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010) reconoce explícitamente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sería una infamia, entregar el control del agua a empresas transnacionales de servicios públicos, asegurando que solo se trata de un nuevo modelo de gestión o financiarización o cualquier otro término, útil para atrapar incautos, y convertir el agua en un activo financiero de inversión.
Solo una administración rastrera y sometida al poder económico podría empeñarse en imponerla; pero solo un pueblo sumiso, manipulado y resignado podría consentirlo. Urge analizar el problema en el contexto del sistema financiero y comprender que el objetivo del poder económico es lucrar con el agua y quienes no tengan como pagarla que “vayan a buscarla al río”.
Veamos el numeral 6 del artículo 257 de la Constitución, 259 y 260, porque lo que cuenta es el interés público y el bienestar social, no el insaciable afán de lucro del poder económico. Robespierre dijo: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
Ni mina, que contamina ni complicidad con los opresores que esclavizan. Solo el pueblo salva al pueblo. Alto a la iniquidad; frente a los abusos del poder, Victoriano vive: “la pelea es peleando”.
* El autor es médico
Lo Nuevo
