El femicidio: un tema impostergable de Estado

Según el informe de ONU MUJERES, 2011-2012, se afirma que el acceso a la justicia para las mujeres, depende de una cadena de justicia que funcione para ellas, con lo cual coincidimos en cuanto es un reto en cada etapa de este proceso. Entre estos aspectos se destacan las actitudes discriminatorias en quienes proveen los servicios, los altos costos de litigios, las distancias geográficas de los tribunales u otras instancias que administran justicia, limitaciones en programas y recursos para hacer un abordaje integral e intersectorial del problema, o falta de una normativa que contemple otras formas extremas de violencia contra la mujer.

La garantía constitucional de la igualdad, que consagra nuestra Carta Magna en el artículo 19, para hombres y mujeres, permitió la adopción de un marco jurídico para la eliminación de la discriminación contra la mujer, así como la ratificación de convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (BELEM DO PARA).

Sin embargo, con todas estas legislaciones, políticas, programas y esfuerzos que el Estado realiza, esta protección aún no se traduce en un cambio real en la vida de las mujeres, especialmente las más desfavorecidas, que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, las niñas, adolescentes, adultas mayores, las mujeres rurales, afrodescendientes, e indígenas, que no logran el ejercicio efectivo de sus derechos, que incluya el acceso a la justicia, las oportunidades en todos los aspectos de su ciclo vital para una vida digna donde reciba los beneficios del desarrollo.

No podemos esperar que se profundice la violencia contra las mujeres, los cambios culturales por sí solos no van a producirse, necesitamos la intervención de toda la sociedad, para dar paso a una sociedad donde las mujeres no se sientan ciudadanas de segunda categoría, discriminadas, víctimas del sistema que la condena, sin brindarles igualdad de oportunidades a la que aspira la política pública, recién aprobada por el gobierno nacional (D. E. 244 de diciembre de 2012).

Se aprobó en primer debate, El Proyecto 649 de 18 de diciembre de 2013, ‘Que reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar la violencia contra las mujeres y dictan medidas de estas conductas punibles’, propuesta que históricamente impulsa la actual procuradora de la Nación, Ana Isabel Belfón, (jefa del Ministerio Público), y que a su vez lleva el respaldo de otros espacios como el INAMU (Instituto Nacional de la Mujer), representado por Markelda Montenegro, Defensoría del Pueblo, así como las diversas organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.

Debemos resaltar que la principal virtud de este proyecto de Ley, es ser una propuesta de consenso que reconoce la violencia contra la mujer como un grave problema de violación de derechos humanos, de salud pública y del Estado.

*ABOGADO.