El transitismo y el 'hub'

Es una verdad a gritos que Panamá pudo tener menos casos de coronavirus. Esta crítica “a sottovoce” se percibe en los opinantes, aun respetando la ponderación general de que los trabajadores sanitarios y policiales, aludimos a estos últimos cuando están en función licita de control y no en la incomprensible de represión, están efectuando su trabajo de conformidad con las actuaciones prescritas por los organismos internacionales y sobre todo por el acumulado de la práctica histórica. No juzgamos el trabajo presente, sino la falta de decisiones macro en la etapa inicial de la presente crisis que pudieron haber contenido al aflujo de contagiados en los primeros días de la alerta internacional.

La opinión pública coincide en que lo central es la salvaguardia colectiva del Estado y su nación y no constreñir nuestra acción a la protección de los intereses particulares hoy vigentes, entendiendo por particulares a las grandes corporaciones privadas; en este sentido el Estado no luce una política sanitaria propia, sino que depende de las fuerzas de las personas que están a la cabeza de las decisiones crematísticas.

La sociedad, bien entendida, se compone de las personas y su entorno conocido: la familia, los grupos de trabajo, los de vecindad; el Estado contiene a las familias y a ciertas modalidades de trabajo, pero no logra cumplir sus cometidos cuando se trata de hacer entrar en razón a las corporaciones.

Los conglomerados incluidos en las corporaciones pueden estar escapando a nuestro control social y sanitario. Un ejemplo de ello es la renuencia de la minera que opera en Costa Abajo, la cual solo menguó la intensidad de sus operaciones por causa de la progresión de la enfermedad entre sus trabajadores. Otro caso de renuencia en la asunción de responsabilidades lo tenemos en la entidad directiva del Aeropuerto de Tocumen que, cediendo a las presiones de su principal usuaria, dilató “in extremis” el cese de las operaciones que eran una válvula abierta para la entrada de los contagios al país. Esperemos que esa misma lentitud se ponga de manifiesto a la hora de permitir la reanudación de operaciones.

La técnica de ablande esgrimida contra el Estado es alarmar con la posible finalización de operaciones. Es cierto que una corporación puede por cesación de operaciones llegar a desparecer, pero la virtualidad de que vuelva a aparecer no significa la reiteración de la propiedad de sus dueños originales, porque bien pudiera ser que otros dueños reinicien las operaciones. Entendamos que se trata de proteger la operación de servicios y actividades en las cuales el país se ha manifestado con capacidad reconocida, pero no se trata de la protección de la propiedad de esas operaciones cuando es conocida la alta rotación del capital accionario en el mercado internacional.

En el pasado tuvimos una crisis similar cuando, por causa de la invasión, se pusieron en subasta todas las propiedades del Estado. Una de las que cesó fue la Línea Oficial de Bandera del Estado Panameño, pero otra aerolínea tomó sus rutas y se reanudó la presencia panameña en el espacio aéreo. La historia corre sus páginas y sus actores mudan de papeles. Dicho esto, sin pensar, por ahora, en cambios de sistema socioeconómico, pero lo que sí es concreto es que el Estado somos nosotros, no las corporaciones.