Transparencia: lucha histórica de la juventud del nuevo milenio

El tema de la transparencia, como principio fundamental de un nuevo modelo de gobernanza pública, se convertirá en una de las principales luchas del futuro inmediato y no dejará de serlo hasta que se logren elevar los indicadores de confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Según datos recientes del latinobarómetro, los niveles de confianza de los panameños en las instituciones democráticas están entre los más bajos de la región y este porcentaje desciende drásticamente entre los ciudadanos menores de cuarenta años.

Los votantes entre 18 a 30 años representaron el 29.9 % del electorado en el último proceso electoral panameño. En Costa Rica, los jóvenes entre 17 y 35 años fueron la población con mayor peso en el padrón electoral, representando el 40 % del mismo.

Los jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 35 años se caracterizan por regir su conducta de acuerdo con una escala de valores distinta a aquellos presentes en las generaciones anteriores. La conducta del voto joven está mayormente ligada al rompimiento del llamado “statu quo”; es decir, “la vieja forma de hacer política”, típica de nuestra democracia limitada y clientelar, sistema político que reconoce el valor del sufragio, empero, como apunta el sociólogo español Manuel Castells, “La elección se limita a los que ya están integrados en las instituciones y en los intereses creados de la sociedad, con todo tipo de obstáculos en el camino para cualquiera que intente entrar en este dominio político bien definido”.

Los intentos por lograr reformas estructurales tropiezan con la resistencia de los beneficiarios del actual “statu quo”, por ende, la lucha será ardua. Esto específicamente aplica al tema de la transparencia, ya que “transparencia gubernamental” implica una cesión o transferencia de poder político de los gobernantes hacia los ciudadanos. Es una cuestión de “poder”; y, como hemos visto, el poder no se regala, es una lucha ciudadana en la cual las futuras generaciones deben tomar la batuta.

En miras a ese objetivo, se debe contar con una hoja de ruta que sea reflejo del sentir de esa mayoría de ciudadanos. Desarrollar con la profundidad debida cuáles son las reformas necesarias en el tema de transparencia en este espacio es imposible, pero podemos señalar algunas.

La Ley 33, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), de 2013, indica que la Antai actuará “con plena autonomía funcional, administrativa e independiente, en el ejercicio de sus funciones, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona”; sin embargo, esto ha sido imposible, debido, entre otras cosas, a que la Antai depende del presupuesto asignado desde la Presidencia para su funcionamiento.

Otros países han determinado que, con el fin de lograr que su organismo rector de la transparencia sea realmente autónomo, especializado e imparcial, debe ser dirigido por un colegiado conformado por cinco o siete personas nombradas por un periodo de siete años, que no coincide con el calendario electoral y, a su vez, debe contar con la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

La enorme cantidad de responsabilidades que tiene la Antai hace imposible (a pesar del sincero esfuerzo de sus funcionarios) que logre resultados que sean reconocidos por la ciudadanía como un verdadero avance hacia una democracia de confianza, por ello deben dividirse en dos las entidades, una que se encargue únicamente del derecho de petición y otra que dirija las acciones encaminadas a establecer un Gobierno abierto y una agenda proactiva de lucha contra la corrupción.

Las reformas a la Ley de Transparencia deben estar enmarcadas bajo un principio de “máxima publicidad”, el cual define que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible y, lo que es muy importante, sujeta a un claro “régimen de excepciones” que deberán estar definidas, ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Otros aspectos, como la transparencia presupuestaria, transparencia judicial, transparencia parlamentaria, transparencia en contrataciones públicas y el silencio administrativo positivo, entre otros, deben también ser abordados e incluidos en esta hoja de ruta.

La exigencia ciudadana por la transparencia debe ser comprendida dentro del contexto de una transición natural hacia una democracia basada en la confianza. La transparencia no puede constituir un fin en sí misma, sino un medio activo para estimular la rendición de cuentas, que posibilite a su vez a ciudadanos y ciudadanas participar activamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos que les conciernen directamente y hacerles viable el ejercicio del papel que han de tener en una sociedad verdaderamente democrática: el papel de soberanos.