Unachi: El poder sin fin de una rectora

Hay personas que llegan a una institución para transformarla, otras transforman sus vidas a costas de la Institución. La historia de Etelvina Medianero de Bonagas parece encajar en la segunda categoría.

Desde agosto de 2013 ocupa la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Han pasado más de diez años, más de una década que una de las principales universidades pública del país ha sido noticia por conflictos, cuestionamientos, polémicas, señalamientos de nepotismo y luchas por el control institucional, en lugar de convertirse en referente nacional de excelencia académica o investigación.

Lo más grave no es que esto ocurra. Lo peor es que una parte importante del sistema político y gubernamental haya decidido mirar hacia otro lado. Porque nadie se mantiene tanto tiempo acumulando poder sin aliados. Mientras miles de jóvenes panameños luchan por graduarse, encontrar empleo y construir un futuro digno, la rectora ha construido una realidad muy distinta.

Según información pública, percibe un salario de $11,729 mensuales, más $3,000 en gastos de representación. A eso se suma una jubilación cercana a los $2,500.

El resultado es escandaloso, más de $17,000 obtiene la rectora mensual provenientes del Estado. Recibe más que muchos ministros, más que altos funcionarios del Estado, más que el propio presidente de la República.

Obtiene mayores ingresos que quienes administran universidades inmensamente más grandes y complejas que la Unachi.

La Universidad Nacional de Colombia atiende más de 55 mil estudiantes y su rector recibe una remuneración muy inferior, aproximadamente de $6,000. La Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más grande de América Latina con más de 349 mil estudiantes paga a su rector mensualmente cerca de $10.000, mucho menos de lo que recibe la rectora, quien dirige una universidad con cerca de 22 mil estudiantes.

No existe explicación moral o administrativa para semejante desproporción. Panamá ha sido testigo de sus acciones.

Uno de los episodios más ofensivos para la conciencia ciudadana, fue el aumento salarial aprobado en plena pandemia. Mientras familias enteras perdían sus ingresos, pequeños negocios cerraban sus puertas y miles de panameños dependían de bolsas de comida y subsidios para sobrevivir. La cúpula universitaria encontró el momento perfecto para mejorar aún más sus ingresos.

Una decisión profundamente inmoral. Esto sin contar, el nepotismo rampante, donde los familiares directos de la rectora y de profesores titulares, son parte del personal administrativo y académico de la Universidad.

Porque la ética pública no consiste en preguntarse únicamente qué se puede hacer. Consiste en hacer lo correcto y ahí radica el verdadero problema de la gestión de Etelvina Medianero de Bonagas.

La legalidad ha sido utilizada demasiadas veces como excusa para justificar decisiones que ofenden el sentido común de cualquier ciudadano.

La semana pasada fue una nueva muestra de esta forma inmoral de actuar. La rectora presentó su renuncia, pero el Consejo General Universitario, conformado por varios de sus simpatizantes, rechazó acoger su dimisión, lo cual le permitirá seguir ejerciendo sus funciones.

La pregunta que me hago y debemos hacernos es, ¿hasta cuándo la inmoralidad, y la falta de transparencia liderarán a la Unachi? ¿Por qué el pueblo chiricano y sus estudiantes deben tener su universidad secuestrada? Es hora de alzar la voz y entender que el tiempo de Etelvina, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, hace mucho debió terminar...