Crecimiento económico versus desarrollo socioeconómico en Panamá

El crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un período determinado, medido por el Producto Interno Bruto (PIB). El desarrollo social es un proceso integral para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población, abarcando la salud, educación, empleo y la inclusión de personas y grupos vulnerables. Sin embargo, el crecimiento económico no garantiza un desarrollo social justo y equitativo.

Este es el caso de nuestro país, Panamá, donde el proceso de acumulación de capital, el incremento de la pobreza y el desempleo crecieron dinámicamente desde la invasión de 1989, desarrollando un modelo económico capitalista de dinámico proceso de acumulación de capital y aumento de la pobreza y marginalidad de las grandes mayorías de la población panameña.

En los últimos 50 años, hemos tenido un sostenido crecimiento económico, alcanzando un PIB de 82 mil 200 millones, según cifras oficiales del 2025. Sin embargo, según el coeficiente de Gini Panamá se sitúa en 48.9 posicionándose entre los países más desiguales de la región, solo superado por Colombia y Brasil.

Desde la invasión este modelo desequilibrante se ha posicionado entre el presidencialismo centro-derecha fuerte y las políticas neoliberales ( privatizaciones y desregulación del Estado ), generando un descontento social que se expresa cada vez más en las calles. Se han perpetuado círculos de exclusión en las regiones rurales y comarcales, desarrollando economías subordinadas y excluidas del resto del país.

Las clases medias y bajas del país, pagan más impuestos que los ricos. A los trabajadores se les deduce el impuesto de renta directamente del salario y pagan impuesto al consumo. Los cálculos de evasión fiscal de los grandes empresarios oscila entre los 300 millones de dólares anuales y 1000 millones de dólares. Todo esto provoca un déficit fiscal por el orden de 6,400 millones de dólares en 2024, lo que equivale al 7,4% del PIB. Además se han apropiado de las cuotas obrero-patronales en 9,000 millones de dólares que nunca llegaron a la Caja de Seguro Social.

En Panamá, según Henley & Partners hay unos 7.500 millonarios (1 millón y más), 35 centimillonarios ($100 millones o más) y tres multimillonarios ($1000 millones o más). Las familias más poderosas de Panamá están en el ranking de las mayores fortunas del mundo. Se convirtieron en los más ricos, primero, gracias a la dictadura y, luego, a la invasión militar norteamericana. No son los únicos que se han beneficiado de las privatizaciones, de un Estado que no regula y de una Constitución ignorada que ha convertido en negocio la salud, la educación y la seguridad social.

Estos grupos económicos son los dueños de Panamá: las rentas del Canal, puertos, la minería, bosques, pesca, aguas, industrias, supermercados, servicios públicos, salud, seguridad, educación y bienes raíces urbanas. Esas familias controlan nuestras vidas mediante bajos salarios, contratos precarios, tarjetas de crédito, bajas pensiones, lucro en educación y salud, precios monopólicos en las medicinas. Pero, además, controlan los medios de comunicación y han comprado los partidos políticos, ampliando su poder a la esfera pública. Con el control de los medios escritos, radios y TV, el pensamiento único defiende, con toda su fuerza, la institucionalidad económico-social que instaló la invasión militar norteamericana. Mediante ellos justifican sus intereses y descalifican, ocultan o atacan cualquier reforma del régimen.

La oligarquía nacional al retomar el poder económico y político del país, después de la invasión del 89, dinamizó el modelo neoliberal lo que le permitió acumular riquezas y exacerbar la desigualdad social y económica en el país, que cada vez se expresa en las calles con paros o huelgas que nunca llegan a acuerdos positivos que le permitan a la clase obrera visualizar un mejor futuro.

Para superar esta desigualdad socioeconómica, es clave que el país regule la mala distribución de las riquezas, invierta en educación de calidad y en capacitación alineadas con las demandas del mercado laboral. Además, que promueva políticas que reduzcan las brechas territoriales y étnicas para lograr un crecimiento sostenido que beneficie a todos los panameños.

El futuro está en juego, y el consenso, la transparencia y la participación popular serán la brújula imprescindible para cualquier modelo de desarrollo alternativo posible.