Ayer se cumplió el cierre del primer trimestre escolar en Panamá y llegó en medio de aulas vacías y aprendizajes en pausa. Lo que debía ser una etapa de aprendizaje y crecimiento para miles de estudiantes, se ha convertido en un periodo de incertidumbre, frustración y abandono. Desde el inicio de las huelgas nacionales el pasado 23 de abril, provocadas por el rechazo de los gremios docentes a la Ley 462 de la CSS, numerosos centros educativos oficiales han mantenido sus puertas cerradas. Las protestas y luchas gremiales son legítimas dentro de una democracia. Pero cuando estas se prolongan indefinidamente y arrastran consigo el derecho a la educación, el costo se vuelve inaceptable. Cada día sin clases representa una oportunidad perdida, una brecha que se ensancha, una generación que ve comprometido su futuro por razones que no controla. El país no puede permitirse formar jóvenes a medias. La educación pública es el pilar de una sociedad equitativa y un motor indispensable del desarrollo nacional. No basta con reabrir las escuelas eventualmente; es necesario reactivar el compromiso con la juventud hoy, no mañana. El llamado es claro: es urgente encontrar soluciones que devuelvan a los estudiantes a las aulas sin más demora. Porque si la educación se detiene, se detiene el país. Y Panamá no puede darse ese lujo.

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