Colombia no puede permitir que terrorismo se adueñe del país

Retrocedimos en el tiempo. Hoy, Colombia revive las escenas que marcaron la era de Pablo Escobar: helicópteros abatidos, explosiones en centros urbanos, magnicidios y ciudadanos inocentes sometidos al terror. Esto pasa, además, en un año preelectoral, cuando la democracia requiere calma, debate y confianza en las instituciones, no miedo y zozobra. Colombia ha pagado demasiado alto el precio de la sangre como para ceder nuevamente al chantaje del crimen organizado. Estos no son ataques aislados: son golpes orquestados contra la sociedad entera, contra la estabilidad democrática y contra el derecho elemental de los colombianos a vivir en paz. El Estado debe responder con toda la contundencia de la ley, pero también con inteligencia, unidad política y respaldo internacional. Porque el narcoterrorismo ya no es un asunto aislado: es un fenómeno transnacional que requiere alianzas más firmes, cooperación judicial y acuerdos reales para cortar de raíz las redes financieras y de armas que lo sostienen. Colombia no puede volver al pasado. Y la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. La tragedia de Cali y el asesinato de Miguel Uribe Turbay nos recuerdan que la lucha contra el terror no admite pausas, ni cálculos políticos, ni indiferencia. La respuesta debe ser una sola: la defensa de la vida, de la democracia y de un país que, a pesar de todo, se niega a arrodillarse ante el miedo.