La reciente muerte de un paciente en la sala de urgencias del Hospital Nicolás Solano, en medio de denuncias por malos tratos del personal médico, vuelve a exponer una vieja y dolorosa realidad: las deficiencias en la atención de la salud pública. Que este hecho haya ocurrido en el principal nosocomio de Panamá Oeste, hoy bajo investigación del Ministerio de Salud (Minsa), abre un debate urgente sobre la seguridad de los pacientes en un sistema sanitario marcado por carencias y limitaciones. Existen leyes y normativas que consagran el derecho a un trato digno, a recibir información clara y oportuna, a la confidencialidad, al consentimiento informado y al acceso a una segunda opinión. Sin embargo, en la práctica, demasiados pacientes siguen siendo tratados con frialdad e indiferencia por parte de médicos y personal administrativo. Es justo reconocer a los profesionales de la salud que, a pesar de la falta de insumos, los atrasos en el pago de salarios y la carga de la burocracia, se entregan cada día a salvar vidas con vocación y sacrificio. Pero también es necesario exigir que el sistema se libere de quienes carecen de la sensibilidad y el compromiso indispensables para ejercer una labor que debería estar centrada en la dignidad humana. Allí es donde el Minsa debe asumir su responsabilidad: reorganizar los procesos internos, reforzar la fiscalización y dotar al sistema de los recursos que requiere. La salud no puede ser entendida como un privilegio ni mucho menos como una mercancía, aunque algunos sectores se empeñen en convertirla en negocio. Si de verdad aspiramos a ser una nación desarrollada, debemos construir políticas públicas a largo plazo, blindadas contra la politiquería y los intereses mezquinos, apostando por la prevención antes que por la curación. La lección es clara: la salud debe estar por encima de todo. Y lo que corresponde ahora no es esperar, sino actuar.

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