Cuando el sistema revictimiza

La justicia debería ser un refugio para las víctimas, no una nueva fuente de sufrimiento. Sin embargo, cuando las instituciones fallan en investigar una agresión, brindar acompañamiento y garantizar una atención digna, quienes buscan protección terminan atrapados en un sistema que profundiza su dolor y deja impunes a sus agresores, algo que es común en Panamá. La violencia sexual no termina con la agresión. Sus consecuencias pueden extenderse durante años, especialmente cuando la víctima enfrenta dudas, prejuicios, desamparo institucional y decisiones que debe tomar en medio de un trauma profundo. Cuestionar reiteradamente su testimonio, insinuar que hubo consentimiento o ignorar sus necesidades psicológicas constituye una forma de revictimización que debe erradicarse en nuestro país. A esta realidad se suman las barreras legales y administrativas que pueden limitar las opciones de quienes enfrentan un embarazo producto de una violación. Panamá tiene fallas graves en las políticas de orientación oportuna, acompañamiento integral y estadísticas públicas suficientes para enfrentar este flagelo, que avanza en silencio y mantiene desprotegidas, sobre todo, a las mujeres, a los niños y los niñas. Si a ello se suman los contextos de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad en los que ocurren los hechos, el sistema opera aún peor, en detrimento de las víctimas. Un Estado que no investiga eficazmente las agresiones, no acompaña a las víctimas y no garantiza respuestas oportunas termina trasladándoles una carga que no les corresponde. La justicia panameña no puede limitarse a condenar. También debe prevenir, proteger y reparar. Ninguna víctima debería tener que librar otra batalla contra las instituciones que estaban llamadas a defenderla.