Interconexión con beneficios reales

La interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia representa una oportunidad estratégica para la integración energética regional. Sin embargo, su importancia no puede convertirse en una justificación para pasar por encima de los derechos de las comunidades indígenas cuyos territorios serán atravesados por la infraestructura.

La próxima semana será decisiva para conocer la posición de las autoridades de Guna Yala, mientras continúan los procesos de consulta con Wargandí y Alto Bayano. Estas decisiones deben respetarse, garantizando una consulta previa, libre e informada, sin presiones y con información suficiente sobre los impactos, riesgos y beneficios de la obra. No basta con presentar el proyecto como una inversión de interés nacional.

Las comunidades de esta región, históricamente despreciadas por el Estado, tienen derecho a exigir garantías concretas de que su participación se traducirá en mejoras para sus habitantes. La experiencia de la hidroeléctrica de Bayano, cuyas comunidades afectadas recurrieron a instancias internacionales ante la falta de respuestas estatales, debe servir de advertencia. También es indispensable discutir cómo esta interconexión contribuirá al desarrollo nacional.

Panamá mantiene un servicio eléctrico costoso y cuestionamientos sobre su eficiencia, sobre todo tras las privatizaciones del sector en los años noventa, que prometieron mejoras que terminaron siendo un espejismo al ver los resultados actuales. Conectar mercados y transportar energía entre países no garantiza, por sí solo, tarifas más bajas ni electricidad para las comunidades aisladas.

Para ello hacen falta beneficios reales para la población, con compromisos verificables, inversión social y políticas públicas que distribuyan esos beneficios. La interconexión debe construirse con las comunidades, no a costa de ellas. De lo contrario, Panamá sumará otra infraestructura estratégica sin resolver las vergonzosas desigualdades que carga el país.